FMI recomienda reformar el Monotributo: ¿Qué riesgos corren los 4 millones de inscriptos?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido recomendaciones para reformar el régimen de Monotributo en Argentina, sugiriendo un acercamiento de sus cuotas a las abonadas por los Responsables Inscriptos y una disminución del "efecto escalón" entre categorías. El objetivo técnico del organismo es evitar que el sistema actual incentive la subfacturación o frene el crecimiento empresarial.

Expertos tributaristas consultados por El Cronista coinciden en el diagnóstico técnico del FMI sobre las distorsiones del sistema, pero advierten que una reforma agresiva podría tener consecuencias no deseadas. Diego Fraga, socio de Expansion Business Argentina, señala que si bien el Monotributo puede prestarse a "enanismo fiscal", su perfeccionamiento y la facilitación de una transición gradual hacia el régimen general serían caminos más adecuados que su encarecimiento. Considera que la reciente actualización de límites y categorías realizada por el gobierno de Javier Milei fue una medida positiva para evitar la expulsión de contribuyentes por inflación.

Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, también coincide en la necesidad de revisar el sistema, pero recalca el "enorme riesgo" de que un aumento en las cuotas del Monotributo impulse a los contribuyentes hacia la informalidad. El FMI parecería asumir que los monotributistas pasarían ordenadamente al régimen general, pero la realidad argentina sugiere que muchos podrían optar por reducir su facturación formal, operar en efectivo o directamente abandonar el sistema, lo que implicaría una pérdida de recaudación y un aumento de la evasión.

La transición al régimen general no solo implica el pago de IVA y Ganancias, sino también una serie de obligaciones adicionales como anticipos, aportes de autónomos, retenciones y percepciones, lo que representa una carga administrativa y financiera considerable. Fraga advierte que una medida agresiva contra el Monotributo tendría un alto costo político para el gobierno, afectando a una amplia gama de profesionales, comerciantes y trabajadores independientes.