El laberinto legal argentino y el auge de la abogacía: ¿oportunidad o reflejo de la ineficiencia?

Argentina se distingue por una notable concentración de jóvenes que eligen la carrera de Derecho, representando casi el 14% de los graduados universitarios, una cifra significativamente superior a la de otras profesiones como Medicina. Esta tendencia, que se alinea con datos de la OCDE sobre la alta proporción de graduados en Derecho y negocios, sugiere que los jóvenes argentinos perciben en el ámbito legal una vía más prometedora para su futuro profesional y prosperidad. La complejidad y opacidad de las normativas y trámites en el país otorgan una ventaja a quienes poseen el conocimiento para interpretarlas y gestionarlas, convirtiendo la profesión de abogado en un rol de poder, información e intermediación.

La abundancia de despachos y la omnipresencia de la intermediación jurídica y administrativa en la vida institucional argentina no se explican por las mismas razones que en países como Estados Unidos o Italia, donde factores como la cultura litigiosa o el estatismo procesal juegan un rol. En Argentina, la hipertrofia legal parece alimentarse más de la ineficiencia estatal, un entramado de excepciones y la proliferación de negocios vinculados a la norma. Si bien el capitalismo contemporáneo puede capitalizar diferencias y asimetrías, Argentina a menudo no logra transformar estas complejidades en innovación productiva o inteligencia institucional, sino más bien en gestorías, contactos y litigios.

El actual giro hacia la desregulación, impulsado por el gobierno de Javier Milei, responde a una promesa de liberación frente a un sistema percibido como burocrático y restrictivo. La eliminación de normas se presenta como una conversación sobre la libertad, buscando simplificar la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, la cuestión fundamental no reside solo en la cantidad de normas, sino en quién ha pagado el precio de la regulación existente, quién se ha beneficiado de ella y quién se beneficiará de su eliminación, ya que un orden regulatorio ineficiente nunca es neutral y puede generar ventajas indebidas.