El secretario de Energía ordenó a las empresas distribuidoras de la energía que identifiquen a los usuarios que puedan pagar más. Habrá una reducción gradual de las compensaciones tarifarias
Entre el viernes y el lunes, las empresas distribuidoras de la energía, como Edenor, Edesur y Edelap, recibieron una nota del Gobierno en las que se les pide que comiencen a trabajar en la "identificación de los usuarios a los que correspondería la normalización de la facturación y un cronograma para la aplicación de la reducción de los subsidios que otorga el Estado nacional".
Se trata de una resolución firmada el jueves pasado por el secretario de Energía, Daniel Cameron, y que aún no fue publicada en el Boletín Oficial. De acuerdo al texto, las empresas deberán cumplir esa tarea junta con la cartera que conduce Cameron y los organismos reguladores provinciales, publica el diario La Nación.
Se trata así de la primera norma que da señales claras de empezar a replicar el mismo esquema de quita de subsidios ya implementado a los consumos de agua y gas. El documento, añade el matutino, no abunda en precisiones sobre la manera en que el Gobierno avanzará en los recortes, pero hace referencia a acuerdos firmados con 22 provincias, sólo resta obtener el compromiso de Santa Fe.
Esos textos proponen distinguir a los usuarios hogareños con "capacidad de pago" de todas las categorías de consumo.
El rédito de los acuerdos sellados con las jurisdicciones- tarea a la que estuvo al frente el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido-,, según la lectura del jefe de una de las principales distribuidoras pasa por garantizarse un valor estable de la energía que permita contener las subas en las facturas que llegarán por la quita de subsidios.
De lo contrario, en especial en las provincias, que hasta ahora tenían la posibilidad de fijar por su cuenta los precios, podrían sumarse los aumentos por ambos motivos y ocasionar un incremento mayor para el usuario.
La intención, según sostuvo De Vido, es obtener el compromiso de los gobernadores para congelar las tarifas de las distribución (muchas de ellas provinciales) durante un año, a cambio de obtener el financiamiento del Gobierno para obras de gran demanda de recursos económicos.
