El Gobierno de Antonio Bonfatti envió ayer a la Legislatura local un proyecto de ley para crear una tasa vial de 32 centavos sobre el litro de nafta o gasoil, y el metro cúbico de GNC, con el fin de destinarlo para el mejoramiento, reconstrucción y conservación de las vías de comunicación de la red provincial de vialidad.
La iniciativa, que ingresó ayer en el Senado, ya recibió críticas de las bancadas opositoras, entre ellas el justicialismo, que cuenta con mayoría en ambas cámaras parlamentarias.
El secretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, detalló que "quedarán exceptuados del pago de la tasa las empresas prestadoras de transporte público de pasajeros, urbano e interurbano, que desarrollen su actividad dentro de Santa Fe".
El proyecto fue recibido en el Parlamento local con el pulgar hacia abajo. "No creo que se acompañe esta iniciativa porque una tasa de este tipo transfiere la suba a los costos, generando inflación, y provocaría un conflicto con el sector transportista. Además, cuando se votó el Presupuesto 2014, permitimos una autorización específica para que la provincia tome deuda para las obras que necesite realizar, siempre y cuando informe sobre las mismas", señaló a Ámbito Nacional el legislador del PJ y presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo.
Hoy podría realizarse una reunión entre legisladores y Beccari en la cual explicaría las razones que llevaron al Gobierno a impulsar el texto, que también fue rechazado por otros bloques opositores.
Santa Fe no es el primer distrito que propone este tipo de tasas: Córdoba ya aplica por ley un gravamen en los combustibles desde septiembre de 2012, que el radicalismo provincial pretende derogar.
La provincia de Buenos Aires tampoco está ajena a esta problemática. Por ejemplo, en General San Martín, el concejal del FpV Hernán Letcher presentó ante la Suprema Corte una demanda para declarar "inconstitucional" la tasa que pretende cobrar el municipio para la compra de combustible líquido o de GNC dentro de la jurisdicción del distrito. También lo intentan aplicar en Pilar, San Miguel, Vicente López, Moreno y San Fernando.
En 2012, la Ciudad de Buenos Aires intentó avanzar con un proyecto en idéntico sentido, que finalmente naufragó en medio de un recurso de amparo que presentó Nación ante la Corte Suprema por considerar inconstitucional la aplicación de ese impuesto.
Fuente: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=733164
