Por Invecq Consultora Económica.
Resumen semanal
La principal noticia de la semana fue sin duda el pago a los juicios de jubilados. Pero no fue la única noticia económicamente significativa.
Por un lado, el Banco Central tomó una nueva medida incrementando los encajes bancarios en 2,5% para los depósitos la vista y en 1,5% para los depósitos a plazo. El sesgo contractivo de la política monetaria se comparte así entre tasas de interés, que afectan más directamente al crédito, y la disponibilidad de liquidez de los bancos.
A su vez, el BCRA viene interviniendo con mayor fuerza en el mercado cambiario para evitar una apreciación pronunciada del peso. Compró casi 1.400 millones de dólares en mayo e incrementó el stock de reservas internacionales. De cualquier manera, el dólar mayorista se ubicó por debajo de los 14 pesos.
La inflación en San Luis marcó un aumento de 3,4% mensual en abril, impulsada principalmente por un aumento mensual de 22% en el rubro “vivienda y servicios básicos”, por un aumento de 63% en combustibles para vivienda, reflejo del reciente aumento de tarifas que se ve en todo el país. Mientras tanto en ciertas provincias de la Patagonia y en La Pampa, el gobierno ha acordado un techo de 400% para el aumento de servicios.
Los aumentos de precios se reflejaron en una caída de la confianza al consumidor, que en mayo cayó 1,2% mensual y 22% interanual. En cuanto al nivel de empleo, los datos del SIPA recientemente puestos en publicación muestran una variación virtualmente neutra en el número de empleados privados registrados durante marzo.
En cuanto al sector externo, abril mostró una mejora en las exportaciones, que en términos de volumen es de 14% interanual en los primeros 4 meses del año. Si bien abril registró un superávit comercial, el primer cuatrimestre del año cerró con déficit de 58 millones de dólares, que de cualquier manera permanece muy por debajo de los 982 millones de pérdida entre enero y abril del 2015.
Una reparación histórica
El gobierno realizó esta semana uno de los anuncios más esperados de los últimos meses y de un fuerte impacto tanto en términos de distribución de ingreso y seguridad social como de costo fiscal: se cumplirá con los juicios de jubilados y pensionados (tanto para aquellos que tengan sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia como aquellos que estén en condiciones de iniciar juicio), reajustando los haberes de más de 2 millones de personas que pasaran a ver un aumento en su ingreso.
El anuncio se realizó el viernes, después de días de amplía expectativa. El gobierno logra así contrarrestar el efecto político de la última sesión legislativa, en la que habilitó la relegación del bloque de Sergio Massa frente a la propuesta de Ley Antidespidos del Frente para la Victoria. Con la nueva propuesta de ley de Reparación Histórica del Bicentenario para Jubilados, que será enviada al Congreso a principios de la próxima semana, el gobierno buscará acercarse a sus aliados parlamentarios, particularmente a Massa y al bloque de Diego Bossio; y también mejorar la percepción de la población en cuanto a la dinámica de ingresos y consumo vista durante los primeros meses del año.
Aunque la información oficial aún no es completa, la presentación permite una primera lectura. El proyecto preve el pago a tres grupos diferentes de jubilados y pensionados. Por un lado, aquellos que tengan fallo firme de la Corte Suprema, que totalizan unos 50.000 casos, recibirán 50% de la sentencia en efectivo y otro 50% en pagos trimestrales. Los más de 300.000 casos que tienen juicios en curso, por otra parte, recibirían un incremento del haber de 45% y un pago retroactivo de 4 años. Otros 700.000 casos o más corresponden a jubilados que se encuentran en condiciones análogas al resto y que podrían iniciar acciones legales contra la ANSES sobre la misma base de los casos que marcaron el inicio de la ola de juicios; el caso Badaro siendo el más conocido de ellos; estos recibirán un aumento de 35% en el haber jubilatorio. En este último caso, la ANSES deberá hacer un fuerte trabajo de identificación de esta población en el sistema jubilatorio, y acercarles una propuesta que en rigor será acordada individualmente.
La recomposición de haberes supone por una parte un decreto presidencial por el que el haber inicial sea calculado bajo una nueva metodología. Esto corregirá lo visto por el fallo de la Corte Suprema en 2008, que muestra una falta de actualización de haberes entre 1991 y la Ley de Movilidad Jubilatoria de 2009. El cálculo se realizará ahora con el Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción hasta 1995, y luego con la Remuneración Promedio de Trabajadores Estables (RIPTE). La Ley del 2009 contempla ya una actualización automática dos veces al año en base a la recaudación de ANSES y al Índice de Salario del INDEC. Aquellas personas que se jubilen a partir de la aprobación de esta ley verán sus haberes calculados en base a los aportes genuinos que realizaron al sistema durante su período de actividad laboral.
El Plan de Inclusión Previsional lanzado durante los últimos 10 años duplicó el número de jubilados y pensionados, y llevó la cobertura a más del 90%. El principal conflicto sin embargo, fue que para financiar esa erogación se utilizaron los mismos fondos internos del sistema de seguridad social, achatando el pago de haberes de aquellos contribuyentes que más habían aportado al sistema, atrasando su actualización por debajo de la inflación real.
El proyecto actual contempla una Pensión Universal a la Vejez, equivalente a 80% de la jubilación mínima, lo que lograría expandir la cobertura a toda la población. El financiamiento de la medida, esta vez, vendría de tres fuentes. Por un lado, los ingresos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad; por otro, un blanqueo de capitales “amplio y caro”, en palabras del Ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. Por el momento, se sabe que las condiciones de esta declaración voluntaria implicarían un pago de entre 10% y 15% en impuestos, y que los incentivos a aceptarlo serían grandes considerando que en 2017 comienza oficialmente el intercambio de información fiscal con previos paraísos fiscales.
El costo fiscal de los juicios a los jubilados alcanzarían más de 75 mil millones de pesos anuales, monto apenas más elevado que el déficit primario del primer cuatrimestre del año. Mientras las prestaciones a la seguridad social ya crecen a 40% interanual, el gobierno muestra que está dispuesto a utilizar parte del gasto público para contrarrestar el efecto contractivo de la política monetaria (altas tasas de interés, y encajes subiendo).
En términos económicos, la aprobación de la ley no solo detiene la elevada litigiosidad que muestra la ANSES por estos juicios; los jubilados y pensionados son un sector de la sociedad con una alta propensión al consumo, por lo que cada peso en que se incremente su ingreso puede volcarse rápidamente al consumo, y ayudar a levantar un segundo semestre que ya fallará en mostrar una reducción en la inflación de la magnitud propuesta. El consumo, ahora, podría tener mayor impulso hacia fin de año.
Fuente: http://invecq.com/apps/docman/descargar.php?uid=478882a25a&id=137&show=inline