El Presidente y el ministro harán una evaluación final. Se analiza seriamente la «cláusula de reasignación».
Alberto Fernandez tomará en horas una decisión de Estado. Hoy se reunirá con su ministro de Economía, Martín Guzmán, para terminar de analizar las alternativas de acción que tiene el país, para luego definir lo que será una posición dura en materia de renegociación de la deuda. La oferta final que la Argentina le hará a los acreedores, amén de matices posteriores, no superará el 49,9% de Valor Presente Neto (VPN). Y salvo la aplicación de cláusulas judiciales y un cupón atado al crecimiento o bonos compensatorios, el grueso de la propuesta no superará ese nivel de pago de los títulos públicos emitidos bajo jurisdicción internacional, hoy en renegociación.
La propuesta será presentada oficialmente este miércoles ante la Security and Exchange Commission, y se hará pública el viernes 12, cuando venza el nuevo plazo fijado por las partes ante la autoridad de Wall Street. Esto no quiere decir que la Argentina se cierre a las negociaciones o que clausure la etapa de las teleconferencias con los tres grupos que representan a los bonistas. Sí implica que el próximo paso (si no se llega a un acuerdo en las próximas horas), será ver la voluntad real de negociación de los acreedores, que deberán mejorar su posición (en algunos casos bastante dura) de un VPN del 55% promedio como resultado final.
Lo que buscará Economía para el fin de semana (o la próxima), es que los acreedores acepten en líneas generales los cambios reales en la propuesta original que aplicó el país, la que llevaron el VPN del 39% de la oferta del 8 de mayo a casi 10 puntos porcentuales más. Es un nivel mucho mayor que las mejoras promedio de los acreedores, que pasaron por ahora de 60% a 55%. Para el viernes, el Ejecutivo buscará contabilizar (al menos especulativamente) un nivel de apoyo no menor al 60%, por lo menos en los bonos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri con vencimientos antes de 2040. Esto le permitiría, aunque no se cierre la ronda de negociaciones, continuar debatiendo un tiempo más con los bonistas. Y, eventualmente, avanzar, tal como adelantó este diario, con la aplicación de la “cláusula de reasignación” y presentar como cerrada una primera etapa del canje con la cantidad de bonistas que hayan aceptado la propuesta modificada.
Esa presentación que se blanqueará ante los mercados el 12 sería la segunda oficial, luego de la del 8 de mayo y la que sería presentada ante las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) como la que más se acerque a la máxima impuesta por el organismo, y que afirma que la Argentina no puede ofrecer un Valor Presente Neto (VPN) que supere el 50%.
La decisión política del Presidente siempre tendrá un criterio innegociable. Ante el público, la clase política mundial, los mercados y el exterior, la oferta que se firme deberá tener un 4 adelante (menos del 50%). Y tendrá que mostrar al país como el “triunfador” en la negociación; leído esto como la aceptación por parte de los acreedores de un programa de pagos basado en los criterios de “sustentabilidad” de la deuda. Para que esto sea posible, ya hay embajadores entre los privados conversando con los bonistas para que avalan la posición. Se trata del mexicano David Martínez, del fondo Fintech y Hans Humes de Greylock, dos de los privados que más trabajo diplomático están haciendo entre sus propios colegas.
Hay otros embajadores de buena voluntad actuando. Uno de ellos es el ex YPF Miguel Galuccio, que actúa como delegado extraoficial, conversando con sus conocidos en Wall Street. Para Alberto Fernández, el 50% de tope no es un capricho. Es el nivel máximo autorizado por el FMI y la frontera tope que está dispuesta a discutir la Argentina y sólo podrá ser maquillada con matices que no impliquen tocar más los plazos de pago, los tipos de bonos emitidos, el capital reconocido y la calidad de los resortes legales diseñados. Para el Gobierno la mejora es sustancial. Hasta la semana pasada la oferta oficial no superaba el 47% de VPN, sabiendo que aún había margen para mejorar, pero sin la decisión específica sobre en qué punto podría caer una transición de dinero hacia los acreedores. Teniendo en cuenta la posición de VPN del 55% en la que insisten los acreedores, la distancia hoy para un acuerdo ronda los u$s4.500/u$s5.000 millones. Poco dinero para entrar en default.
