El político argentino, en general, piensa más en aumentar la presión tributaria que en preocuparse por la eficiencia del gasto público
Por Roberto Cachanosky
El Gobierno ha decidido aplicar mayor carga tributaria sobre los sectores que trabajan en blanco y tienen propiedades con el argumento de que ahora se aplicará la solidaridad en vez de la meritocracia. Más específicamente, el Presidente afirmó: “A la meritocracia y al individualismo les vamos a imponer la solidaridad, somos un movimiento político que nació en la faz de la Tierra para ser solidarios con el prójimo». En otras palabras, se intenta imponer un discurso en el cual el que protesta por la mayor carga tributaria pasaría a ser alguien que no tiene solidaridad.
Por empezar, la solidaridad es un acto voluntario. Alguien hace solidaridad con el fruto de su trabajo, con su tiempo, es decir con algo que le pertenece para ayudar a otro. Ahora, hacer solidaridad con el dinero de otros, lejos está de ser un acto de desprendimiento voluntario.
La dirigencia política trata de hacernos creer que ellos tienen el monopolio de la solidaridad y el resto de los habitantes somos personas con malos sentimientos que solo podemos ser solidarios por la fuerza. Es decir, el Estado cobrándonos más impuestos para repartir entre quienes los políticos consideran que deben recibir el fruto de nuestro trabajo, son solidarios y el resto somos un montón de malas personas.
El primer dato a tener en cuenta es que, en todo caso, la misma dirigencia política podría haber mostrado solidaridad bajando el gasto de la política para distribuir entre los que menos tienen. Se dice que el gasto destinado a la política, es decir el que se asigna a la administración del país, es muy poco y no se solucionaría nada si se los bajara.
El gráfico muestra la evolución del gasto público consolidado destinado a administración general, justicia, defensa y seguridad por parte de la Nación, las provincias y los municipios, y que en 1984, el primer año completo de la vuelta a la democracia, representaba 3,9% del PBI.
En 2017, último dato oficial disponible, ya había escalado al equivalente a 7,3% del PBI. Es decir, 3,4 puntos porcentuales más, que es lo que quieren recaudar ahora con el impuestazo anunciado a través de una ley ómnibus.
Mientras que los gastos de la administración general aumentaron 1,52 puntos del PBI, Justicia incrementó sus gastos en 0,92 puntos del producto y seguridad y defensa se elevó 1,05 puntos del PBI.
Solo con hacer un esfuerzo de austeridad en los tres niveles de gobierno, se podrían haber bajado, mínimo, 2 puntos del PBI y aliviar el impuestazo que se le está aplicando a la gente que produce. Pero además, todo indica que cuánto más gasta el Estado en lo que se denomina gasto social, hay más pobreza, desocupación y problemas de educación.
Nuevamente, en 1984, el gobierno nacional gastaba 7,4% del PBI en lo que se llama Gasto Público Social. En 2018 llegó al 17% del PBI. Es decir, el Estado nacional gasta 10 puntos más del PBI en el rubro social, pero en educación las pruebas PISA dan cada vez peor; los jubilados están en las diez de última y crece la pobreza. Y atención que el llamado gasto social no se dio solo en el período de Cambiemos, también crece en los 90 y a partir del 2008 fundamentalmente.
Si tomamos el gasto público social consolidado, pasó de 13% del PBI en 1984 a 30,6% del PBI en 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, es decir, 17,7 puntos más, con lo cual el gasto público social consolidado más que se duplicó.
Los rubros que más aumentaron fueron: jubilaciones, salud y educación básica. Luego el gasto público social se reparte en otros rubros como vivienda, promoción y asistencia social, trabajo, etc. En definitiva, los datos muestran que a más gasto público social, más problemas sociales, con lo cual es obvio que no es por este camino.
Dos formas de obtener ganancias
Pero, ¿qué tiene de malo el mérito? Hay dos formas de obtener utilidades: 1) ganándose el favor del burócrata de turno y 2) ganándose el favor del consumidor. Obtener ganancias ganándose el favor del burócrata de turno no tiene ningún mérito, es un simple negociado entre el que usa el poder en forma arbitraria y “empresarios” que logran obtener ganancias gracias al proteccionismo, subsidios y demás tipo de privilegios. O sea, obtienen utilidades castigando al consumidor con productos de menor calidad y a precios más altos de los que podría obtener en un mercado competitivo.
Siguiendo a la Real Academia Española, la palabra meritocracia está mal utilizada por el Presidente, porque la RAE la define como: “sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales”. Pero suponiendo que Alberto Fernández quiso usar la palabra mérito, en mi opinión, aquél que obtiene utilidades gracias a su mérito como emprendedor, es una persona que debería tener todo nuestro respeto por lo que le aporta a la sociedad.
El empresario emprendedor que obtiene sus beneficios por mérito, es aquél que gana dinero gracias a que produce lo que la gente necesita logrando la combinación de precios y calidad que la gente demanda. En otras palabras, obtiene sus utilidades porque satisface las necesidades de la gente y le es útil a ella. Además, al obtener utilidades y crecer, crea puestos de trabajo, remunera a sus empleados compitiendo con otros empresarios para captar a los mejores y pagarles más, ofreciéndoles mejores condiciones laborales, etc.
El empresario emprendedor ayuda más a la sociedad que el burócrata que reparte el fruto del trabajo ajeno estimulando la cultura de la dádiva, cultura que denigra al ser humano. El empresario que da trabajo por el mérito de ser un buen emprendedor es alguien que respeta a la gente. El burócrata repartidor de dinero ajeno, castiga al que crea trabajo y denigra a las personas acostumbrándolas a vivir de lo ajeno y no tener espíritu de progreso. De mejorar. De tener la dignidad de mantener a su familia con el fruto de su trabajo.
Algunos pueden pensar que ese tipo de empresarios no existe en Argentina. En realidad los hay, pero abunda más los que son cortesanos del poder que buscan obtener utilidades de privilegios, que tampoco merecen ser llamados empresarios. Por eso somos un país decadente.
La función de los gobiernos y de sus legisladores es crear las condiciones para que puedan desarrollarse los empresarios que obtienen utilidades ganándose en favor del consumidor en vez de repartir privilegios entre “empresarios” que no podrían sobrevivir en un mercado competitivo.
El que obtiene utilidades gracias al mérito, ya sea por ser trabajador, empresario, profesional o cualquier otra actividad, no debería ser despreciado y menos castigado impositivamente. Al contrario debería ser respetado, porque seguramente hace más por la gente humilde ofreciéndoles la posibilidad de trabajar y progresar que el burócrata que reparte dinero ajeno. En definitiva, ganar dinero gracias al mérito es bueno para la sociedad.
Ser solidario con la plata propia es bueno dependiendo de los valores de cada uno y de cómo se haga solidaridad. Ahora, cuando los políticos reparten el dinero ajeno castigando a los que crean trabajo en nombre de la solidaridad, ni la hacen ni permiten que la economía pueda crecer para que la gente pueda vivir del su propio trabajo y progresar. Se castiga de tal manera a la gente productiva, se espantan las inversiones, se reducen los puestos de trabajo, baja la productividad de la economía y se genera más pobreza y desocupación.
Tal vez el Gobierno debería rever las reglas de juego que deberían imperar para salir de nuestra larga decadencia e invertir la ecuación premiando al empresario emprendedor en vez de castigarlo con mayor carga tributaria en nombre de algo que nunca va a ser solidaridad en manos del estado por más que se fuercen el sentido de las palabras. Repartir lo ajeno no se llama solidaridad. Se llama populismo.
