La administración kirchnerista buscará que las exportadoras de granos empiecen a aumentar el ingreso de divisas en las próximas semanas ante la lentitud de las mismas, que muestran hasta el momento un retroceso del 10% respecto del año pasado.
Si bien ambas partes niegan que por el momento haya una convocatoria para pautar la llegada de dólares del campo, este diario pudo saber que ya hubo comunicación personal con las exportadoras para establecer no sólo un nuevo mecanismo como paso en octubre pasado sino también ir programando una fecha tentativa para hablar al respecto. En el último ocurrido en enero, lo que se hizo fue “estimar las ventas”.
La reunión puede ser en conjunto o se citará por separado para que cada empresa exponga su situación.
Hasta el momento y sobre los datos del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), lo liquidado asciende a u$s 1.343 millones que comparado con los 1.488 del 2014, marca una caída del 10 por ciento. Además está por debajo de lo llegado en los últimos cinco años.
El gobierno sabe de ésto y por eso quiere un nuevo adelanto y más ante la promesa de abrir gradualmente la salida de la moneda norteamericana a los importadores.
La idea es nuevamente establecer la emisión de letras del Banco Central (Lebac) en pesos y atado al tipo de cambio oficial. En las dos situaciones anteriores, se pagó un interés de 3,6% a 180 días, y rescatable en 91 días.
En esta oportunidad las condiciones a cambiar estaría en la tasa de interés que rondaría entre el 4 y 6%, y transferible solamente a la cadena comercial del sector ya sea productor, cooperativa, entre otros. El fin es poder ofrecerlo como aval para tomar un préstamo volviéndose en el corto plazo un instrumento para que el chacarero este incentivado a vender sus granos ya que los precios a cosecha caen (u$s 237, mercado local) y si vende ahora tiene una cobertura y en 120 días el Banco Central puede empezar a rescatar la letra.
Vale recordar que la inquietud del bono surgió en la última oportunidad de algunas empresas, que ven en esta una opción para no resignar pérdidas frente a la posible caída de los granos para los próximos seis meses.
Lo que se busca es que ingresen entre 2.000 y 2.500 millones de dólares en los próximos 70 días. Y como se hizo siempre, se saca un “market share” sobre lo que cada multinacional liquidó el año pasado.
De acuerdo con el reporte de las entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, en la última semana se liquidaron sólo unos 256,22 millones de dólares.
Sin embargo, esa cifra es superior a la registrada entre el 26 y 30 de enero, cuando las empresas del sector informaron que habían liquidado una suma de 237.190.594 de dólares.
Le lentitud en la venta de soja responde meramente a que éste grano es la moneda de cambio del productor. En pocas palabras es lo último que comercializará. Los datos de la cartera agropecuaria a la fecha muestran que de la cosecha vieja quedan entre 10 y 12 millones todavía en el campo. Pero contundente son los números. En enero se entregaron 860.000 toneladas mientras que hace un año 1,5 millones. El retroceso del 75% significa no sólo que la retención es mayor sino que será aún más fuerte en el actual periodo. La venta de maíz así lo confirma, que con un crecimiento del 160%, da cuenta que se usa al cereal para pagar las deudas.
Aspera reunión en Coninagro
Finalmente llegó el día en que los presidentes de las distintas representaciones del campo se vieron las caras tras el avance que hizo la Federación Agraria con el Gobierno. Encuentro que fue catalogado como “áspero”.
Si bien las cuatro entidades mostraron en un breve comunicado que reina la paz y que se marco la agenda para los próximos meses, este diario pudo saber que la reunión “fue difícil” y donde los federados explicaron los motivos que los llevaron a buscar soluciones que en forma conjunta no lograron.
“Nosotros tenemos autonomía política y gremial para instalar el reclamo de nuestros productores”, dijo la FAA en la sede de Coninagro, lugar donde se llevo a cabo el encuentro.
El debate se volvió tenso entre los presidentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) FAA, Rubén Ferrero y Omar Príncipe, respectivamente.
Este último puso blanco sobre negro que no comparte la política de libre mercado que impulsan sus pares. Además remarcó que su entidad hará lo que determine el Consejo Central.
Lo cierto es que será para seguir alquilando balcones o quizás esperar algún libro que dé más detalles de las discrepancias dentro del campo.
