La principal consecuencia podría ser que la Argentina se pierda de ser reclasificada como “mercado emergente” por MSCI. Por qué es malo esto según los analistas.
Volvió a trabarse el tratamiento de la Ley de Mercado de Capitales en la Cámara de Diputados, por segunda vez como una derivación de los enredos entre oficialismo y oposición en torno al tratamiento de proyectos para atenuar el impacto del tarifazo en las boletas de los servicios. Lo mismo había ocurrido el miércoles pasado. Sin embargo, en ambas oportunidades se descontaba la aprobación, que viene demorada desde el año pasado, cuando inició un derrotero de idas y vueltas entre el Senado y Diputados, que supusieron cambios.
Los analistas de mercado observan la escena y están cada vez más impacientes. Ven que, incluso, las espectacularidades de los escándalos por el impase legislativo en relación a las tarifas eclipsan la noticia de cada fracaso en la posibilidad de tratar la ley. “Hay leyes que parecen no tener importancia en el marco político. El mercado de capitales es fundamental para el desarrollo de una economía, sino hay facilidades para el fondeo de las PyMes es imposible que logren proyectos de inversión y el mercado de Argentina es muy chico”, dijo en un tuit el economista Santiago Bulat.
Sin embargo, todo parece indicar que el problema es sólo garantizar el debate porque, en base a consensos entre el oficialismo y los sectores cuantitativamente más relevantes de la oposición, la ley tiene garantía de aprobación.
Pero fuentes parlamentarias dijeron hoy a El Cronista que nada asegura que, en la nueva apuesta de tratamiento para el 9 de mayo próximo, no vuelva a ocurrir lo mismo. Mercado de capitales ha quedado adherida como un chicle incómodo a las tarifas y esa parece ser su tragedia.
La impaciencia del mercado tiene que ver con que se acortan cada vez más los tiempos para que Morgan Stanley (a través de su firma MSCI, por sus siglas en inglés) decida si reclasifica a la Argentina como mercado emergente o lo mantiene en su condición de frontera. La mayoría de los especialistas oscila entre considerar que la aprobación de la ley, agiornada como de “Financiamiento productivo”, es decisiva o, como mínimo, muy gravitante para que la decisión sea favorable.
“Es cien por ciento fundamental”, dijo a El Cronista Leonardo Svirsky, de Bullmarket Brokers. “Más allá de tal o cual aspecto de la ley, está claro que la piden”, agregó. Según Svirsky, la Ley de Mercado de Capitales es un instrumento que traerá más transparencia al mercado y que creará la condición para que “todo el mundo que opera sea idóneo”, a través de “agilizar los exámenes” que habiliten ser productor.
“No soy partidario de hacer las cosas por decreto y menos un DNU pero necesitamos urgente la ley de mercado de capitales para ser un país emergente y que el mundo nos tome en serio”, había dicho antes, en Twitter.
Alejandro Bianchi, de Invertir Online, va más allá y se atreve a decir que la demora en tratar la ley de mercado de capitales es “casi tan grave como lo que sucedió en 2001, cuando se le incautaron los depósitos a la gente”. En diálogo con El Cronista dijo: “Si por algo lucho para que avance la inclusión financiera, es para que la gente comprenda esto, su gravedad. Cuando fue lo de 2001 hubo miles que protestaron en las calles, pero ahora no; y te aseguro que el Congreso, con estas mezquindades, le está metiendo la mano en el bolsillo a la gente tanto como en aquella oportunidad”.
Según el analista, la ley tiene una “función social”, entre otras cosas “a través del financiamiento productivo a las pymes”, a las que les abre “nuevas posibilidades de inversión”. Agregó que “si esto se traba, le metes la mano en el bolsillo a las pymes, lo que es lo mismo que meterle la mano en el bolsillo a sus trabajadores, ya que este segmento empresario es el principal creador de empleo”.
Bianchi no considera, sin embargo, que sea fatal que la Argentina no acceda a la condición de emergente sin la ley, pero la considera muy importante, para esa posibilidad y en sí misma. De ahí su indignación.
Opina que la Argentina realizó una serie de transformaciones importantes en los últimos dos años, que podrían allanar el camino a que pase a ser emergente, sobre todo teniendo en cuenta que en las últimas elecciones los mercados establecieron que fueron comicios de medio término cuyo resultado “puso en evidencia que no se iba a cambiar el rumbo”. Sin embargo, -según Bianchi- el MSCI estará atento en junio a la “sostenibilidad” de los cambios que se han producido.
Bianchi estima que la Argentina puede llegar a perderse u$s 9.000 millones si no pasa a ser emergente. El cálculo deviene de la siguiente cuenta: los fondos que operan mercados de frontera como el que revista la Argentina operan unos u$s 20.000 millones, mientras que los emergentes ascienden a 1 billón. Si la Argentina es reclasificada por MSCI como emergente entraría con una ponderación de 0,8%, lo que llevaría a que los portfolio manager compren por ese monto casi como un piso, según el analista.
Un artículo en El Cronista advirtió, además, que sin ley no solamente el estatus emergente se ve comprometido, también el inicio de las licitaciones de PPP (Participación Público Privada), que requieren de una fuerte baja del riesgo soberano para que sean viables a largo plazo. Las garantías que ofrece el Estado a quien tome la deuda en el exterior no alcanzan si el riesgo soberano se mantiene en estos niveles. Argentina necesita que su riesgo soberano medido por EMBI de JPMorgan se reduzca a entre 230 y 250 puntos de spread de la tasa americana de 10 años para que todas las obras que el gobierno planificó hasta 2023 puedan tener fondeo.
También existen estudios que calculan cómo pueden llegar a beneficiarse las acciones locales si la Argentina entra a emergentes.
La ley, promesas y realidades
El trasfondo del proyecto es la caracterización de que en la Argentina está poco desarrollado el ‘mercado de capitales‘ en relación a otros países de América Latina. Según datos suministrados por el senador Roberto Basualdo, Argentina posee el mercados de capitales menos desarrollado de la región, donde su capitalización de mercado asciende a solo el 18% del PBI, cuando en Brasil es del 46% y en Chile del 112%.
Algunos analistas consideran, sin embargo, que las trabas fundamentales para el desarrollo del mercado de capitales argentino no son normativas, o responsabilidad de cierto intervencionismo de la legislación actual, sino de las traumáticas experiencias históricas de exacciones a los ahorristas que se vivieron en el país, una de las últimas fue la incautación de depósitos con el corralito y sus derivados, entre 2001 y 2002. Pero no fue la única: entre otras, se recuerda también el famoso Plan Bonex, que significó el canje de depósitos bancarios por bonos externos, una de las medidas más polémicas de la primera etapa del gobierno de Carlos Menem, en 1992.
Otros, como el exministro de Economía, Axel Kicillof, dicen que ni siquiera es necesario una nueva ley para expandir el mercado. Como escribió en El Cronista: “Dicen que esta reforma apunta a impulsar el crecimiento del mercado. Veamos. En 2016 las transacciones totales (esto es, todas las operaciones de compraventa de activos con oferta pública, tantos las nuevas emisiones como las transacciones de activos previamente emitidos y en circulación) se ubicaron en torno a los u$s 83.500 millones, mientras que en 2017 superaron los u$s 153.000 millones, es decir que crecieron un +84,3%. En 2013, las operaciones totalizaron u$s 56.000 millones, de modo que con la ley de mercado de capitales sancionada en 2012, tuvo lugar un fuerte crecimiento del mercado, que nadie puede negar (+173%).”
Puntos clave
El proyecto, aún en sus ideas y vueltas y negociaciones, preserva un espíritu liberalizador del mercado de capitales. Incluye, por ejemplo, la posibilidad de securitización de los créditos hipotecarios que, para el oficialismo y buena parte del justicialismo que acompañó el proyecto, permitirá ampliar el fondeo de los bancos que otorgan las hipotecas. Securitizar hipotecas significa que los bancos puedan vender sus hipotecas (deuda) en el mercado de capitales, es decir que convierte a la hipóteca en un título líquido que pueda comprar y venderse en el mercado.
Además, suprime el artículo 20 de la actual Ley de Mercado de Capitales, el cual fue introducido en 2013 y le otorgaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facultad de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.
A fines del año pasado la Cámara de Diputados había aprobado el proyecto pero el Senado le hizo cambios que obligaron a devolverlo para su sanción definitiva.
Una de esas modificaciones eliminó la exención del pago del impuesto a las ganancias a operaciones de compraventa de acciones, para evitar la contradicción con la reforma tributaria aprobada con posterioridad, que gravó esas operaciones.
El proyecto también apunta a facilitar el acceso para las pymes, que podrán acceder a créditos incorporando las letras hipotecarias y contarán con una factura de crédito electrónica de aceptación obligatoria a los 30 días de emitida, como si fuera un cheque.
El componente Propyme de la iniciativa inspiró a sus autores para cambiarle el nombre, de Ley de Mercado de Capitales a Financiamiento Productivo, un título menos financierista.
La miembro informante en el Senado puntualizó, sobre este punto, que ‘la factura será ejecutiva a los 15 días de haber sido emitida. Lo que la transforma en un cheque que podrá ser descontado en el banco o en el mercado de capitales y que al final, si ésta no es pagada, no se acciona contra la Pyme sino contra la gran empresa”.
