La visión oficial considera que una de las causas de la inflación reside en que los empresarios tienen expectativas “poco realistas” de la suba de precios y frente a eso propone más controles y regulaciones
Ni el 4,8% del IPC de marzo ni la evidencia de que será casi imposible que la inflación llegue al 29% establecido en el Presupuesto 2021 -al que Martín Guzmán suele referirse como su plan económico- modificarán el rumbo del gobierno en su fallida carrera por contener los precios, en particular los de los alimentos. El plan oficial es seguir repitiendo los controles y las regulaciones, partiendo de la base que el programa que combinó Precios Máximos y Precios Cuidados ha funcionado para frenar la “inflación de góndola”, enmarcada en los acuerdos con las empresas de consumo masivo. Ahora apunta a contener precios de carnes, verduras y frutas con las mismas recetas.
Los números publicados ayer por el Indec no alarman al gobierno, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales que consideran que la inflación registrada en el primer trimestre se ubicó solamente un 2% por encima de lo esperado. Y destacan que en 2020 la “inflación de góndola”, focalizada en alimentos envasados estuvo por debajo del nivel general, impulsado por los alimentos frescos.
En la visión del ministro de Economía, la inflación que sacude a la Argentina por estos días tiene básicamente dos causas. Una es el aumento del precio internacional de los alimentos, que trae aquella “desgracia” para los países que los exportan, según la particular visión de la diputada oficialista Fernanda Vallejos. El alza de esos precios mejora los términos del intercambio para el país y trae mayor recaudación, pero también presiona sobre los precios internos.
La segunda causa de la inflación a juicio de Guzmán reside en la falta de coordinación entre sindicatos y empresarios que no han “alineado sus conductas frente a la inflación”, según la verba académica del ministro.
“Los sindicatos han mostrado un accionar responsable y alineado con los objetivos de la política macroeconómica, que busca una reducción de la inflación gradual y consistente, junto a una recuperación del poder adquisitivo y del salario. Del lado de algunas empresas, seguimos viendo comportamientos que se basan en una expectativa de mayor inflación. Hace falta más cooperación de su parte”, dijo ayer Guzmán en su participación (virtual, desde Roma) en el gabinete económico.
En la visión oficial, las empresas tienen expectativas de inflación “que no son realistas” y hacen subir los precios. “Si no funcionan los acuerdos, habrá más regulaciones y controles”, advierten cerca del ministro, en particular ante la emergencia que plantea la segunda ola de la pandemia.
De la batería de medidas conocidas ayer, la que aparece como más de fondo es la de comercializar las carnes “por troceo” y no “por media res”, como sucedió históricamente. El cambio permitirá segmentar en cada animal los cortes que van destinados a la exportación de aquellos destinados a ser consumidos en el mercado interno. “Vamos a mejorar la distribución de la oferta de carne, para que cada carnicería reciba solamente lo que va a vender y no tenga pérdidas. Es un mecanismo más eficiente, que venía siendo reclamado por varios sectores”, señalaron en el Gobierno, en donde dicen que el propio Alberto Fernández se involucró en el tema cuando supo que ese mecanismo lo utiliza Uruguay.
El resto de las decisiones anunciadas ayer, cuya implementación se repartirá entre los ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura, traen más de lo mismo a los ojos de los empresarios y los analistas: Controles de toda clase, una comisión mixta para actualizar los precios de referencia, un registro de exportadores de carnes igual al que tienen los granos, acuerdos de precios con productores y distribuidores y también un “observatorio de precios”.
También se decidieron algunas medidas que retrotraen a la gestión de Guillermo Moreno en el área de Comercio, como la venta de carnes y verduras a través de camiones que circularán por el conurbano para evitar la intermediación y llegar al consumidor en forma directa. Admiten que la medida tendrá escasa repercusión sobre el sistema de comercialización minorista pero creen que “servirá como referencia”. También piensan en armar un pequeño Mercado Central en la Ciudad de Buenos Aires, utilizando un inmueble desocupado del Plan Procrear en Parque Patricios, con igual objetivo.
Con la ley de Abastecimiento sobre la mesa, el gobierno busca equilibrar la necesidad de exportar con la debida provisión para el mercado interno. Eso implica que no se descarta que todos los monitoreos a los exportadores podrían transformarse en límites o restricciones a la exportación si el mercado “no guarda el adecuado equilibrio”, según palabras de un funcionario.
Las declaraciones de esta semana de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, amenazando con cerrar las exportaciones de carne, encendieron una alarma. En el gobierno mencionan como un antecedente favorable lo sucedido a comienzos de año con el maíz: “Hubo un desajuste entre la oferta y la demanda y frenamos la exportación. Luego ambas partes se pusieron de acuerdo y retiramos la medida”.
Los contrapesos internos del gobierno, además, parecen haber dejado al Banco Central en un rol secundario en la pelea por frenar la inflación. Por estos días, el titular del BCRA, Miguel Pesce, celebró que la autoridad monetaria haya regresado al nivel de USD 40.000 millones de reservas que había perdido el año pasado. “Se logró recomprar todos los dólares que se vendieron el año pasado para atender la demanda y sostener la recuperación económica, en un clima de previsibilidad cambiaria”, dijo el presidente de la autoridad monetaria.
En Economía elogian que el BCRA esté llevando el tipo de cambio por el sendero previsto en el Presupuesto. El resultado negativo de la licitación de deuda en pesos de ayer tal vez le asigne otro rol adicional: el de emitir fuerte, con las consiguientes necesidades de esterilización, para poder cubrir el déficit.
