Economistas y ex funcionarios también asocian el sistema anunciado para 1.000 grandes compañías con los relevamientos informales de Guillermo Moreno. Dicen que hacen poco por frenar la inflación y que el Gobierno todavía debe aclarar para qué va a usar los datos
La resolución de la Secretaría de Comercio que crea un registro para que unas 1.000 empresas informen al Gobierno en forma mensual toda su información sobre precios, cantidades vendidas y stock disponible despertó alarma entre economistas que la asocian a intentos por controlar a la actividad empresaria de las décadas del 80, 70 y hasta el primer peronismo. Para ex funcionarios que contaron con fuentes de datos similares durante sus gestiones, además, la disponibilidad de esos datos es de poca utilidad para frenar el avance de los precios si no está acompañada de una política macroeconómica que baje la inflación.
Según los especialistas consultados, un sistema de información sobre tantas variables de la vida empresaria no tiene antecedentes en la política económica argentina. No obstante, guarda similitudes con las políticas de controles de los precios aplicadas por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, además de intentos de acuerdos o monitoreos de precios durante y antes de la hiperinflación de fines de los ’80 o planes económicos de la década del ’70. Sin embargo, como hasta ahora el sistema sólo fue presentado como de información, sin controles específicos ni sanciones más allá de las previstas por no cumplir en dar la información, señalan que la duda principal es para qué se usarán los datos y cómo se cuidará la información de los privados.
“Para encontrar un antecedente similar, lo primero que yo miraría es el Gobierno peronista de 1973 y 1974, que tenía una estrategia de fijar aumentos de precios controlándolos de una manera por un lado bastante rudimentaria y por el otro con mucha información solicitada. Es un antecedente que se puede tener en cuenta y que terminó mal. Se controlaban los precios uno por uno, después que se soltó todo eso en el 75 con el Rodrigazo”, dijo Juan Luis Bour, economista de FIEL.
La inflación en la Argentina pasó del 25% al 185% entre 1974 y 1975, como resultado de la emisión monetaria masiva conducida por el entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo.
“Controles de precios se introducen sobre todo en el primer peronismo, fue el comienzo de mecanismos de controles de precios bastante fuertes. Hubo también con Gobiernos radicales y militares, pero no reportaron resultados significativos”, agregó el director del centro de estudios económicos.
“Yo entiendo que esto es una solicitud detallada de datos, no me queda claro qué es lo que va a hacer Comercio con eso, si va a establecer algún mecanismo para conducir precios. Digamos que no es el mecanismo aplicado hoy en día, donde hay precios Cuidados y Máximos, pero no la prohibición de aumentar precios. Mas informalmente, un sistema similar funcionó con Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio. La pregunta es para qué pedís la información, si es para tener una vigilancia o información inteligente”, dijo Bour.
Para Pablo Challú, economista que ocupó la Secretaría de Comercio durante el gobierno de Carlos Menem y también durante el de Eduardo Duhalde, los pedidos de información sobre precios y costos eran algo habitual en la década del ’80, antes de la asunción de Menem. Y según recuerda de su paso por la gestión, terminaron considerándola de poco valor.
“Nosotros en el 1989 recibíamos toda una serie de informes relativos a precios de las empresas, que seguíamos como una manera de ver qué estaba pasando en cada sector. Pero en la medida en que el Gobierno y el Ministerio de Economía lanzan un programa económico integral, nuestra decisión fue decirles a las empresas que no informen más, era inútil”, dijo Challú.
“Las empresas estaban acostumbradas a dedicar mucho trabajo a planillas que entregaban todos los meses y nos preguntaban asombradas si iban a tener que dejar de hacer eso. El hecho es que los acuerdos de precios pueden ser de alguna utilidad si están coordinados con la política monetaria y la política macroeconómica, por sí solos no van a alinear expectativas”, comentó el ex funcionario.
Otras experiencias similares tuvieron poco o ningún éxito se remontan al gobierno de Raúl Alfonsín. Ya desde el inicio de la democracia, el gobierno disponía de métodos de provisión de información sobre precios y otras variables que los empresarios debían acercar al Estado en tiempos de la dictadura.
“Yo tuve un sistema de información en el 1983, aunque sin los recursos informáticos actuales”, dijo Ricardo Campero, primero Secretario de Comercio Interior y luego de Comercio Interior, Exterior y Turismo durante los primeros años de la presidencia de Alfonsín.
“Cuando sos funcionario, es clave mostrar que estás haciendo algo cuando tenés un problema. Pero esa información es insuficiente para la solución del problema. Como método de información, te da una composición teórica de lo que pasa en el mercado, pero para poco más que eso te sirve”, dijo el ex funcionario que sirvió durante algunos de los años de más alta inflación de la historia.
“La cantidad de información era menor a la de ahora y era menos manejable tecnológicamente. Pero a los técnicos les daba indicios de dónde tenías un problema particular, pero fuera del motivo central del problema que eran las variables macroeconómicas. Era un contexto muy especial, en el que no teníamos materias primas, no teníamos dólares para importarlas y los empresarios no tenían la menor idea de qué hacer con los precios y la producción”, señaló.
“Lo que sabemos por la experiencia es que en Argentina la política de precios sin política macroeconómica no resuelve el problema. Acá tenés que hacer un trabajo combinado hay que incorporar políticas de sistemas comerciales, para que no te pasen las locuras con frutas u hortalizas, una buena política de mercados, nosotros abrimos el Mercado Central, para sacar intermediación parasitaria. Pero si bien todo eso te sirve para encontrar puntos particulares donde por problemas de competencia, de impuestos o de políticas hay alguna distorsión, no sirve de nada por sí solo”, agregó Campero.
“El sentido de contar con información detallada de precios es tratar de coordinar expectativas y frenar pujas en sectores que todo el tiempo dicen estar atrasados respecto de algún precio de referencia y que tratan de alcanzarlo. Con información y concertación se puede frenar esa dinámica pero, de nuevo, eso va atrás de una política macroeconómica que calma las expectativas. Ahora tenés una mesa de concertación de precios en base a nada, porque no tenés alineadas las otras variables, como la política monetaria y macro”, agregó.
“Se suele decir que en la Argentina se probaron todas las políticas y fracasaron, pero lo que no se probó nunca es poner en marcha a toda la relojería al mismo tiempo”, opinó.
Por último, Bour señala que más allá de su poca utilidad para resolver la inflación, el “monitoreo” supone una carga para las empresas.
“Primero hay cuestiones de costos administrativos, porque si se vuelve permanente hay que disponer de un área en la empresa sólo para esos datos. Pero lo más relevante es que por ahí te están pidiendo datos sobre variables que dependen de la regulación del propio Gobierno en muchos casos, por ejemplo insumos que compras a dólar oficial o dólar libre, vas a ver saltos de precios que alguien te puede impugnar pero viene del mercado. También hay otros costos difíciles de precisar, por ejemplo costos financieros. Y finalmente está el hecho de que las empresas revelan información que no se sabe cómo se va a usar”, concluyó el economista.
