Venezuela: el chavismo acumula ocho decretos de emergencia para manejar la economía sin controles

El gobierno de Venezuela, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro y posteriormente Delcy Rodríguez, ha recurrido a una serie de ocho decretos de emergencia económica para gestionar las finanzas del país, eludiendo los controles institucionales y la rendición de cuentas. A pesar de que la Constitución venezolana establece un plazo máximo de 120 días para este tipo de medidas, el régimen ha logrado extenderlas por más de año y medio, según reporta Infobae Economía. Esta práctica, iniciada en abril de 2025, ha permitido al Ejecutivo ampliar significativamente su capacidad para manejar los recursos del Estado sin someterse a la supervisión de otros poderes públicos.

La ONG Acceso a la Justicia ha alertado sobre las implicaciones de esta estrategia, señalando que no se trata solo de la duración de la emergencia, sino de la utilización de un mecanismo excepcional para concentrar recursos y debilitar los controles institucionales. La organización destaca que los decretos otorgan al Ejecutivo facultades amplias para dictar normas, incluyendo operaciones de crédito público, sin necesidad de aprobación legislativa o sometimiento a otros poderes. Esto genera una doble concentración de poder: horizontalmente, al mermar las competencias legislativas y judiciales, y territorialmente, al centralizar decisiones y recursos desde estados y municipios hacia el poder central.

La economía venezolana ha sufrido una contracción severa en la última década, perdiendo dos tercios de su tamaño y experimentando hiperinflación, lo que ha pulverizado el valor del bolívar. El salario mínimo actual, congelado desde marzo de 2022, apenas supera los 30 centavos de dólar. La ONG advierte que la normalización de la emergencia económica conduce a una reducción permanente de los controles sobre el poder, resultando en menor transparencia en el uso de recursos públicos, menor autonomía regional y una creciente inseguridad jurídica.

Si bien la noticia se centra en Venezuela, la concentración de poder y la falta de transparencia en la gestión económica son aspectos que resuenan en el contexto argentino, donde la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad institucional son fundamentales para la inversión. La experiencia venezolana sirve como un claro ejemplo de los riesgos asociados a la delegación excesiva de facultades al Ejecutivo y la erosión de los contrapesos democráticos en la toma de decisiones económicas. Los inversores y empresarios argentinos deben estar atentos a cualquier señal de debilitamiento institucional o concentración de poder que pueda afectar la seguridad jurídica y la estabilidad de los mercados en el país.