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San Juan y Gobierno rechazan reclamo de La Rioja por recursos mineros de Vicuña
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, busca reclamar judicialmente territorios sanjuaninos, poniendo en riesgo el proyecto minero Vicuña de USD 9.700 millones aprobado por el RIGI.
- Conflicto limítrofe San Juan-La Rioja reavivado.
- Proyecto minero Vicuña en riesgo por disputa.
- Inversión de USD 9.700 millones bajo amenaza.
- Seguridad jurídica en juego para inversiones mineras.
El conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja ha resurgido con fuerza, luego de que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, presentara un proyecto de ley para desconocer el decreto-ley de 1968 que fija los límites interprovinciales y habilitar acciones judiciales sobre territorios actualmente bajo jurisdicción sanjuanina.
Este reclamo pone en jaque al proyecto minero Vicuña, una iniciativa conjunta de BHP y Lundin Mining, que contempla una inversión inicial de USD 9.700 millones y que recientemente obtuvo la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado a Vicuña como "el mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo", proyectando exportaciones anuales de USD 6.000 millones.
La aprobación del RIGI otorga beneficios significativos a Vicuña, incluyendo una reducción del impuesto a las Ganancias al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones y estabilidad fiscal y legal por 40 años. Sin embargo, la disputa territorial siembra incertidumbre sobre la seguridad jurídica, un factor crucial para las inversiones de esta magnitud.
La provincia de San Juan, a través de su gobernador Marcelo Orrego y la Cámara Minera, ha rechazado de manera contundente la iniciativa riojana, advirtiendo sobre el impacto negativo en las inversiones en curso. La Rioja argumenta que el acuerdo de 1968 fue perjudicial y significó un "despojo" de áreas con alto valor minero e hídrico. Este conflicto, con antecedentes en la dictadura militar, vuelve a escena en un momento clave para el desarrollo minero argentino, especialmente en la cordillera sanjuanina, un polo de desarrollo cuprífero.
Este conflicto es de vital importancia para inversores y empresas del sector minero, ya que la disputa territorial amenaza la seguridad jurídica de uno de los proyectos más grandes de Argentina. Es crucial seguir de cerca la evolución de las acciones judiciales y las negociaciones entre ambas provincias, así como la postura del gobierno nacional ante esta situación que podría desalentar futuras inversiones en el sector.
