Radiografía de la pobreza infantil en Argentina: preocupan los datos a pesar de la baja de la inflación

La pobreza infantil en Argentina se mantiene como una de las principales preocupaciones, alcanzando un alarmante 44,5% en el primer semestre del año, lo que se traduce en 4,1 millones de niños y adolescentes de entre 0 y 14 años en situación de pobreza. Este dato, publicado por el Indec, contrasta con las celebraciones del gobierno de Javier Milei, que atribuye la mejora en los índices generales de pobreza a la fuerte reducción de la inflación. Según el Ministerio de Capital Humano, desde el pico del primer trimestre de 2024, 1,8 millones de niños y adolescentes habrían salido de la pobreza y 1,5 millones de la indigencia, revirtiendo una tendencia de deterioro de la gestión anterior.

Sin embargo, los testimonios de jóvenes en barrios populares pintan un panorama desolador, con dificultades para imaginar un futuro y la tentación de caminos alternativos como la droga o el robo. La pérdida del rol igualador de la escuela y el peso de la contención familiar son factores clave en esta realidad. Investigaciones del CIAS señalan que una sociedad que no ofrece futuro a sus jóvenes está renunciando al suyo propio, en línea con las reflexiones del Papa León XIV sobre la importancia del empleo digno y la lucha contra la desigualdad.

A pesar de la baja de la inflación, la precarización del empleo, la caída de los ingresos reales y el estancamiento económico han frenado la mejora en los últimos meses. Cálculos de la UCA proyectan que la pobreza podría ascender al 34,4% en el segundo trimestre de 2026, elevando el número total de pobres a 15,7 millones, e incluso a 16,2 millones según estimaciones de la UTDT para el tercer trimestre. La persistencia de problemas estructurales como el hacinamiento crítico (1.037.000 personas) y el acceso limitado a servicios básicos (solo el 53% de los hogares accede a los tres servicios esenciales) agrava la situación.

Para Rosario y la región, esta realidad implica un desafío mayúsculo en términos de desarrollo social y económico. La falta de oportunidades para los jóvenes puede derivar en un aumento de la informalidad laboral, mayor presión sobre los servicios sociales y una potencial fuga de talentos. La persistencia de la pobreza estructural, más allá de las fluctuaciones inflacionarias, requiere políticas públicas sostenidas que aborden el empleo digno, la educación de calidad y el acceso a servicios básicos para garantizar un futuro más equitativo.