Presupuesto 2027: Gobierno busca eliminar aumentos automáticos de la AUH por tercera vez
El Ejecutivo insiste en quitar el mecanismo de movilidad de la AUH y AUE en el Presupuesto 2027, a pesar de afirmar que la prestación cubre el 95% de la canasta básica alimentaria. La medida, que ya fue rechazada en proyectos anteriores, busca que los ajustes dependan de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Las claves de la nota
- Eliminación de movilidad automática para AUH y AUE en Presupuesto 2027
- AUH y Prestación Alimentar cubren 95% de canasta básica
- $14,35 billones destinados a asignaciones familiares en 2027
- Ajustes de beneficios dependerían de decisiones del Ejecutivo
El Gobierno nacional ha presentado el Presupuesto 2027 con una iniciativa recurrente: la eliminación del mecanismo de movilidad automática para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Esta propuesta, que ya fue incluida sin éxito en los proyectos de 2025 y 2026, busca derogar los artículos de la Ley 27.160 que establecían ajustes periódicos vinculados a las jubilaciones y, desde 2024, al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
A pesar de destacar que la AUH y la Prestación Alimentar cubren cerca del 95% de la canasta básica alimentaria, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, insiste en quitar la garantía de aumentos automáticos. Fuentes oficiales aseguran que la cobertura se mantendrá, pero la periodicidad y el mecanismo de actualización quedarían a discreción del Poder Ejecutivo, generando incertidumbre sobre la capacidad de las familias para mantener su poder adquisitivo frente a la inflación.
El proyecto presupuestario destina $14,35 billones al conjunto de las asignaciones familiares para 2027, un incremento nominal del 22,9% respecto a 2026. De este monto, $9,18 billones corresponden al subprograma que agrupa la AUH, AUE y ayuda escolar. Si bien se proyecta un leve aumento en el número de beneficiarios, la ausencia de un mecanismo de movilidad preestablecido podría diluir el impacto real de estos fondos, especialmente en un contexto de alta inflación que afecta directamente el poder de compra de los hogares rosarinos y del resto del país.
La insistencia del gobierno en esta medida, que ya ha sido un punto de fricción con la oposición, subraya la tensión entre la necesidad de control fiscal y el compromiso de asistencia a los sectores más vulnerables. Los antecedentes de proyectos presupuestarios anteriores, que requirieron prórrogas de la ley vigente, sugieren que este debate continuará abierto y podría tener implicaciones significativas para la política social argentina.