Ley de Semillas: Gobierno definirá quiénes pagarán por uso propio tras falta de acuerdo
La discusión por la ley de semillas se define en manos del Gobierno. Productores y semilleros discrepan sobre qué productores pagarán por el uso propio, con diferencias que involucran a 16.818 productores y 1.855.452 hectáreas.
Las claves de la nota
- Gobierno definirá pago por uso propio de semillas.
- Diferencia entre productores y semilleros: 16.818 productores.
- Productores: pago abarca 30% de productores, 82,72% superficie.
- Semilleros: pago abarca 60% de productores, 95,44% superficie.
La reciente reunión entre representantes de la Mesa de Enlace y funcionarios nacionales marcó un punto de inflexión en la discusión sobre la nueva Ley de Semillas. Tras tres mesas de trabajo, las partes expusieron sus posiciones sobre quiénes deberían abonar por el uso propio de semillas, evidenciando diferencias significativas que ahora recaen en la definición del Gobierno. Los productores proponen que el pago por uso propio en soja, trigo y arroz abarque los deciles 1, 2 y 3 del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), exceptuando a los productores de los deciles 4 al 10. Por su parte, la industria semillera busca ampliar este universo a los deciles 1 al 6, liberando solo a los comprendidos entre los deciles 7 y 10.
Esta divergencia implica que 16.818 productores, que manejan 82,72% de la superficie (12.061.740 hectáreas), según la propuesta productiva, quedarían alcanzados por el pago. En contraste, la propuesta de la industria semillera abarcaría a 33.636 productores, el 60% del universo, quienes concentran el 95,44% de la superficie (13.917.192 hectáreas). La diferencia fundamental reside en que la propuesta de producción exceptuaría al 70% de los agricultores (39.247), mientras que la de la industria liberaría solo al 40% (22.429). La adopción de los deciles representa un avance respecto a propuestas anteriores que consideraban un límite de 500 hectáreas.
La definición gubernamental es crucial para el sector agroindustrial argentino, especialmente para la región de Rosario, uno de los polos productivos y de procesamiento de granos más importantes del país. La ley busca modernizar el marco regulatorio y equilibrar los derechos de obtentores y productores. La falta de consenso entre las partes subraya la complejidad de encontrar una solución que satisfaga a todos los actores. El Gobierno se comprometió a evaluar la información recibida y a elaborar un proyecto que buscará el mayor consenso posible, teniendo en cuenta los plazos legislativos. Se espera que antes de enviar el proyecto al Congreso, se convoque nuevamente a productores y obtentores para escuchar sus observaciones.