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Contrabando: la puja entre empresas y plataformas digitales escala con el Gobierno buscando soluciones
Empresas reclaman controles más estrictos a plataformas digitales para frenar el contrabando, que generó pérdidas fiscales por USD 2.300 millones en 2025. El Gobierno busca coordinar esfuerzos para limitar el fenómeno.
- Pérdida fiscal por contrabando: USD 2.300 millones en 2025.
- Sectores más afectados: tabaco, textiles, neumáticos, celulares.
- Empresas piden controles más estrictos en plataformas digitales.
- Plataformas digitales abogan por fiscalización estatal.
- Gobierno busca acuerdos y cruces de datos.
La creciente problemática del contrabando en Argentina ha reavivado la disputa entre empresas y marketplaces digitales sobre la responsabilidad en el control de mercadería ilegal. Fabricantes y comercios reclaman mayores verificaciones sobre los vendedores en plataformas como Mercado Libre, mientras que el sector del comercio electrónico sostiene que la fiscalización recae en los organismos públicos. El Gobierno, por su parte, busca fortalecer los mecanismos de control y coordinación para mitigar el avance de este fenómeno.
Según un informe de la consultora MAP, el contrabando generó una pérdida de ingresos fiscales estimada en USD 2.300 millones durante 2025, lo que equivale al 0,3% del PBI. Esta cifra representa recursos que el Estado dejó de percibir por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, montos comparables a la construcción de miles de escuelas u hospitales. Los sectores más afectados son el tabaco (USD 1.100 millones), textiles (USD 370 millones), neumáticos (USD 240 millones) y teléfonos celulares (USD 190 millones).
Las empresas argumentan que una porción significativa de la mercadería ingresada de forma irregular encuentra su canal de venta en internet, especialmente en plataformas digitales y redes sociales. Proponen medidas como la exigencia de documentación que acredite el ingreso legal de la mercadería antes de habilitar publicaciones, registros específicos por categoría (como Rematel o homologación de Enacom para celulares) y el cruce de información tributaria para detectar irregularidades. Afarte estima que más de un tercio de los celulares vendidos en 2025 no ingresaron por canales legales.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) rechaza la asociación del comercio electrónico como origen del contrabando, destacando su rol como facilitador de mayor oferta, competencia y mejores experiencias para los consumidores. Sin embargo, reconocen la importancia de mecanismos de control adecuados para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado y observan con atención las situaciones irregulares que puedan generar competencia desleal.
En este contexto, el Gobierno impulsa acuerdos y cruces de datos entre organismos públicos y cámaras empresarias. La reciente capacitación convocada por el Ministerio de Seguridad para mejorar la identificación de productos de contrabando es un ejemplo de estos esfuerzos. La magnitud del problema exige una coordinación efectiva entre el sector privado y el Estado para proteger la recaudación fiscal, la producción nacional y el empleo en Argentina, con posibles repercusiones en la dinámica comercial de regiones como Rosario, un nodo logístico y de consumo clave.
Esta noticia es relevante para inversores y empresarios argentinos debido a su impacto directo en la recaudación fiscal, la producción y el empleo. La disputa entre empresas y plataformas digitales por el control del contrabando señala un desafío persistente para la formalización económica. Los inversores deben estar atentos a las medidas gubernamentales que se implementen para mejorar los controles y la coordinación, ya que podrían afectar la dinámica de las ventas online y la competitividad de los sectores productivos.
