Un incentivo clave para inversiones pyme sigue sin reglamentarse: por qué se demora y qué implica para la actividad económica

A más de un mes de la sanción de la Ley de Modernización Laboral, la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIMI) para PyMEs sigue pendiente. La demora se debe a que el Ministerio de Economía está evaluando el costo fiscal del esquema, en un contexto de caída en la recaudación tributaria. El RIMI, diseñado como un "mini RIGI", busca impulsar la inversión privada en micro, pequeñas y medianas empresas.

El régimen establece pisos de inversión diferenciados: USD 150.000 para microempresas, USD 600.000 para pequeñas y entre USD 3,5 millones y USD 9 millones para medianas, dependiendo del tramo. Ofrece beneficios fiscales como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA. A pesar de la falta de reglamentación, los expertos sugieren que las inversiones realizadas dentro del marco legal deberían poder acceder a los beneficios.

El tributarista Sebastián Domínguez advierte que los montos de inversión requeridos podrían ser elevados para algunas microempresas, especialmente en el sector servicios. También destaca la correcta exclusión de activos financieros del régimen.