El Gobierno envió un proyecto al Congreso para pagarle USD 171 millones a holdouts que le hicieron juicio a la Argentina

El Gobierno argentino ha enviado un proyecto de ley al Congreso para aprobar un acuerdo con dos fondos holdouts, Bainbridge y Attestor, por un total de USD 171 millones. Este monto se destinará a cancelar reclamos derivados de las reestructuraciones de deuda soberana posteriores al default de 2001, logrando una reducción de entre 30% y 35% de la deuda original. La iniciativa busca cerrar un extenso capítulo de litigios que se arrastra desde hace más de 25 años y que, de no aprobarse antes del 30 de abril (o una extensión), obligaría a Argentina a retomar los juicios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas.

La aprobación del acuerdo también pondrá fin a los procesos de 'Discovery', evitando que Argentina deba responder a solicitudes de información sobre sus finanzas y activos. Aunque el impacto fiscal de este pago es considerado insignificante en relación con el stock total de deuda, Sebastián Maril de Latam Advisors destaca su peso reputacional. A pesar de la reciente victoria en la causa YPF, Argentina aún enfrenta otros litigios, como el del Cupón PBI, que implica una erogación de USD 1.800 millones y ha registrado avances adversos en la Justicia británica, incluyendo la inmovilización de activos soberanos.