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Guerra judicial por SanCor: tres grandes jugadores pelean por los activos mientras la venta se estira
Un consorcio de más de 1.000 acreedores, un síndico disidente y el empresario Gustavo Scaglione presentaron impugnaciones simultáneas que cuestionan el método de venta de los activos de SanCor, aprobando un pliego que divide los bienes en siete lotes con un precio mínimo total de USD 52,1 millones.
- Guerra judicial por SanCor paraliza venta de activos.
- Tres frentes impugnan método de venta de activos.
- Activos divididos en 7 lotes por USD 52,1 millones.
- Empresas lácteas interesadas en la compra.
- Desvinculación de 736 empleados y 60 días paralizada.
La liquidación de SanCor se ha convertido en una compleja batalla judicial que paraliza la venta de sus activos. Tres frentes principales se oponen al método de venta aprobado por el Juez Marcelo Gelcich: un consorcio de más de 1.000 acreedores busca anular la quiebra y apartar al magistrado; Gustavo Scaglione, dueño de Fidulac S.A. y aspirante a comprador, impugnó el pliego de licitación; y un síndico disidente denunció al juez ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por presuntas irregularidades.
El eje central de la disputa radica en si los activos de SanCor, que incluyen seis plantas industriales y sus marcas, deben venderse como una unidad económica o por separado. El juez aprobó un pliego que divide los bienes en siete lotes, tasando las instalaciones en USD 27,4 millones y el paquete marcario en USD 24,7 millones, con un precio mínimo total de USD 52,1 millones. Esta decisión, fechada el 11 de junio de 2026, es el detonante de la ofensiva legal.
Empresas del sector lácteo como Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela ya habían mostrado interés en los activos. Gustavo Scaglione, quien ya presentó dos planes de rescate infructuosos, argumenta que la venta separada de marcas y plantas destruiría valor, ya que el valor de SanCor reside en la articulación entre ambas. La presentación de Scaglione cuestiona la legalidad del procedimiento, haciendo referencia a la Ley de Concursos y Quiebras.
Mientras tanto, la situación operativa de SanCor se agrava. De los 914 empleados iniciales, 736 se desvincularon, quedando 178 para mantener operativas las seis plantas restantes. La empresa lleva 60 días paralizada desde la declaración de quiebra a mediados de abril, con pagos de salarios irregulares. El gremio lácteo Atilra también se opone a la justicia y aboga por una venta total de la compañía.
Esta disputa judicial tiene un impacto directo en la región santafesina, donde SanCor fue un pilar económico. La incertidumbre sobre la venta de sus activos afecta la cadena de valor láctea y el empleo local. La resolución de estos conflictos es crucial para definir el futuro de la cooperativa y sus marcas históricas, con posibles repercusiones en el mercado lácteo argentino.
La prolongada disputa judicial por la venta de los activos de SanCor genera incertidumbre en el sector lácteo argentino. Los inversores y empresarios del rubro deben seguir de cerca la evolución de las impugnaciones legales, ya que la resolución definirá el futuro de importantes marcas y plantas industriales. La paralización de la empresa y la desvinculación masiva de personal impactan negativamente en la economía regional y la cadena de valor láctea.
