¿Freno al ingreso de equipos de telefonía celular de China? Argentina adhirió a un estándar de seguridad de EEUU

Argentina ha dado un paso significativo en materia de ciberseguridad y política tecnológica al adherir a un nuevo estándar de seguridad para la cadena de suministro de equipamiento de telecomunicaciones utilizado por el Estado nacional. La medida, formalizada a través de la Disposición 7/2026 y publicada en el Boletín Oficial, adopta requisitos técnicos similares a los utilizados por Estados Unidos, lo que podría funcionar como un filtro geopolítico para proveedores de origen chino como ZTE y Huawei.

La nueva regulación, firmada por el director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), Walter Fabián Agüero, impone a las dependencias públicas la obligación de incorporar controles rigurosos sobre sus proveedores, los componentes tecnológicos adquiridos y las condiciones de actualización y soporte de los sistemas. El esquema se basa en la norma estadounidense SCS 9001 de la Telecommunications Industry Association (TIA), enfocada en la gestión de la seguridad a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, desde el diseño y fabricación hasta la distribución, instalación, actualizaciones y retiro de los equipos.

Si bien la disposición no aplica de forma directa a empresas privadas en esta etapa, el artículo 9 abre la puerta a que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) considere la incorporación de estos requisitos en futuros procesos de homologación de equipos y en las obligaciones de los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. El objetivo es mitigar riesgos asociados a productos falsificados, componentes no autorizados, modificaciones de software, fallas en actualizaciones y accesos remotos no deseados, promoviendo la transparencia mediante herramientas como la Lista de Materiales de Software (SBOM).

La adopción de esta norma tiene implicancias directas para el sector de las telecomunicaciones en Argentina. Si bien no se mencionan cifras específicas de inversión o impacto económico directo en esta etapa, la medida sienta las bases para una mayor exigencia en la seguridad de la infraestructura crítica del país. Empresas proveedoras de tecnología, tanto locales como internacionales, deberán adaptarse a estos nuevos estándares si desean participar en licitaciones o contratos con el Estado. A futuro, la posible extensión al sector privado podría reconfigurar el mercado de equipos de telecomunicaciones, favoreciendo a aquellos proveedores que demuestren un cumplimiento robusto de los requisitos de seguridad y origen de sus componentes.