Reforma laboral: postergan hasta 2027 fondos para pagar indemnizaciones por alto costo fiscal

La reglamentación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un componente clave de la reforma laboral diseñado para el pago de indemnizaciones, ha sido postergada hasta 2027. La decisión, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo, responde al elevado costo fiscal que implicaría para el Estado, estimado en un piso de US$ 2.500 millones al año. La caída en la recaudación fiscal en los últimos nueve meses ha llevado al gobierno a ajustar el presupuesto y posponer esta iniciativa.

Originalmente, la puesta en marcha de los FAL estaba prevista para el 1° de junio. El nuevo régimen estipula que los empleadores deberán destinar un porcentaje de los aportes patronales a estos fondos: 1% para grandes empresas y 2,5% para medianas, pequeñas y microempresas. Estos recursos dejarían de ingresar al sistema de seguridad social, generando el impacto fiscal mencionado. La industria de servicios financieros, incluyendo bancos y gestoras de fondos privados, esperaba captar estos fondos, que se estiman en un piso de US$ 2.000 millones anuales.

La postergación no sorprende al sector financiero, que aún se encuentra en proceso de diseño de los productos y definición de requisitos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los grandes bancos, con una fuerte concentración en el mercado de Fondos Comunes de Inversión (FCI), parten con una ventaja competitiva para administrar estos nuevos flujos de capital. Santander y Galicia, por ejemplo, ya concentran más del 27% del mercado de FCI, y el conjunto de los bancos administra el 67% de la industria de fondos de money market.

A pesar del retraso, la CNV, a través de su titular Roberto Silva, ha destacado el potencial revolucionario de los FAL, que involucrarían a más de 500.000 empleadores y generarían un flujo constante de recursos con un importante efecto de acumulación. La postergación, si bien frustra expectativas inmediatas, permite al gobierno abordar la sostenibilidad fiscal en un contexto de ajuste presupuestario. Para Rosario y la región, esto significa una demora en la potencial dinamización del mercado de capitales y una menor presión inmediata sobre los costos laborales de las empresas locales que esperaban una alternativa para las indemnizaciones.