Otra demanda contra Argentina: empresa francesa va a la Justicia de EE.UU. para cobrar un fallo de US$ 40 millones
Saur Internacional, ex-accionista de la empresa de agua de Mendoza, inició acciones en la Justicia de Estados Unidos para ejecutar un fallo del CIADI de 2014 por US$ 40 millones, tras la expropiación de Obras Sanitarias Mendoza en 2010.
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Resumen Inteligente
Puntos Clave
- Argentina enfrenta una demanda por US$ 40 millones más intereses.
- Saur Internacional busca ejecutar un fallo del CIADI en la Justicia de EE.UU.
- La disputa se origina en la expropiación de Obras Sanitarias Mendoza en 2010.
- Argentina es el segundo país con más demandas en el CIADI, con la mayoría a favor de las empresas.
- El caso subraya la persistente litigiosidad internacional contra el Estado argentino.
Saur International, una empresa francesa de servicios de agua, ha presentado una demanda en la Corte de Washington para cobrar una indemnización de US$ 40 millones más intereses. Esta suma fue otorgada por el CIADI, el tribunal internacional del Banco Mundial, en un fallo de 2014 contra Argentina. La sentencia compensa a Saur por la expropiación de Obras Sanitarias Mendoza (OSM) en 2010, donde la empresa francesa poseía una participación minoritaria del 32,08%. El CIADI determinó que Argentina violó estándares del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre ambos países.
El conflicto se originó tras la crisis de 2001, con el congelamiento de tarifas y la falta de ajustes contractuales, lo que llevó a Mendoza a rescindir el contrato, aunque la condena recayó sobre el Estado Nacional. Dado que el CIADI no tiene mecanismos de ejecución de sentencias, Saur debe recurrir a la justicia estadounidense para hacer efectivo el cobro. Este caso se suma a la larga lista de litigios de Argentina en el CIADI, donde ocupa el segundo lugar global en número de demandas, con un 86% de los casos resueltos a favor de las empresas demandantes.
Esta noticia es muy relevante para inversores y empresarios argentinos, ya que un nuevo juicio por US$ 40 millones contra el Estado Nacional afecta las finanzas públicas y refuerza la percepción de inestabilidad regulatoria y falta de seguridad jurídica. Esto puede impactar negativamente la confianza de futuros inversores y encarecer el costo de financiamiento para el país y sus empresas.
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