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AySA: fijan tarifas y metas antes de la privatización
El ERAS aprobó el Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario para el período 2027-2031, fijando metas operativas, inversiones y tarifas constantes en términos reales, a una semana de la apertura de sobres para la venta de la empresa.
- Tarifas constantes en términos reales hasta 2031
- Base de Activos Regulatorios: $790.074,6 millones
- Privatización: 90% al sector privado
- Apertura de sobres: 27 de agosto
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) ha dado un paso crucial al aprobar el Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario de AySA para el período 2027-2031. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, establece los compromisos, inversiones y metas operativas que regirán la empresa estatal de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos cinco años. La aprobación se produce estratégicamente una semana antes de la apertura de sobres para la licitación de venta de la empresa, donde el Estado busca transferir el 90% de las acciones al sector privado, manteniendo un 10% para los trabajadores.
El punto más destacado de la resolución es la definición de un esquema de tarifas constantes en términos reales. Se mantendrá el nivel tarifario vigente a la fecha de corte, con un coeficiente K real de 1.877,6167, sin proyecciones de aumentos reales adicionales durante el ciclo 2027-2031. Las actualizaciones se limitarán a reflejar la evolución de precios, sin superar la inflación reconocida en el esquema regulatorio. La Base de Activos Regulatorios inicial se fijó en $790.074,6 millones, sirviendo como referencia para inversiones y rentabilidad.
El plan aprobado por el ERAS abarca mantenimiento, operaciones, mejoras y obras de infraestructura, buscando garantizar la continuidad y previsibilidad del servicio público ante el inminente cambio de control accionario. El objetivo es que la transferencia al sector privado no interrumpa la prestación de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La privatización contempla una concesión por 30 años, extensible por 10, con una oferta pública inicial para el 39% de las acciones y el 10% restante para los empleados. Los operadores interesados pueden presentar ofertas hasta el 27 de agosto.
Esta definición regulatoria previa a la apertura de ofertas proporciona un marco económico y operativo claro para los potenciales compradores, estableciendo las metas de servicio que deberá cumplir la compañía. Para Rosario y la región, si bien AySA opera en el AMBA, la estructura tarifaria y las políticas regulatorias que se implementen en una empresa de servicios públicos de esta envergadura pueden sentar precedentes para futuras regulaciones o concesiones en otras áreas del país, afectando indirectamente la percepción de riesgo y las expectativas de inversión en el sector.
La aprobación del plan tarifario y operativo de AySA antes de su privatización es relevante para inversores y operadores del sector de servicios públicos. Define el marco de rentabilidad y metas de inversión para los próximos años, lo que influirá en las ofertas de compra. Los inversores deben seguir de cerca la evolución de las concesiones y la gestión de AySA bajo control privado para evaluar oportunidades y riesgos en el sector.
