Ingresos Brutos: Misiones suspende temporalmente cobro en ruta; Chaco no podrá retener en cuentas bancarias

Las provincias argentinas enfrentan crecientes cuestionamientos por la aplicación del Impuesto a los Ingresos Brutos, con dos novedades recientes que generan alivio en el sector empresario. La provincia de Misiones, a través del Decreto 713, ha decidido suspender temporalmente el régimen de pago a cuenta de Ingresos Brutos en sus controles fiscales de ruta. Esta medida, que regía hasta ahora para el ingreso de mercaderías, operaciones de compraventa, remisiones y servicios de transporte de cargas, busca flexibilizar la carga tributaria en un contexto macroeconómico adverso, caracterizado por restricciones financieras y caída de la actividad económica, según reconoció la propia CAME.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró esta suspensión como un avance parcial, aunque señaló que persiste la necesidad de abordar la problemática de los saldos a favor acumulados por los contribuyentes, que representan un pasivo considerable para el sistema tributario provincial. La medida misionera busca descomprimir la operatoria comercial y productiva, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que son las más afectadas por estas exigencias de cobro anticipado.

Por otro lado, en la provincia de Chaco, la empresa Adeco Agropecuaria obtuvo un fallo favorable de la Justicia Federal que limita la capacidad del gobierno provincial para retener Ingresos Brutos directamente de sus cuentas bancarias. La compañía argumentó haber acumulado saldos a favor superiores a los $11 millones, mientras que el impuesto determinado ascendía a unos $2 millones, evidenciando una recaudación provincial que excedía lo correspondiente. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Federal respaldó la procedencia de la medida cautelar solicitada, poniendo un freno a las retenciones bajo el Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB).

Ambas decisiones son un indicativo de la creciente presión de los sectores productivos y empresariales para lograr una mayor equidad y eficiencia en la recaudación de impuestos provinciales. La litigiosidad en torno a Ingresos Brutos y los mecanismos de retención podría intensificarse si las provincias no adecuan sus sistemas a las realidades económicas y a los marcos legales vigentes, afectando la liquidez y la capacidad de inversión de las empresas en la región.