El Ejecutivo estudia opciones para comprometer a las provincias con el ajuste fiscal. Ya piensa en recortar los giros para financiar los programas sociales
El Gobierno nacional sigue trabajando en lo que denomina el Gran Acuerdo Nacional versión 2018 que no es otra cosa que la búsqueda de consensos con los jefes de los estados subnacionales para reducir el déficit de cara al Presupuesto 2019.
Mientras busca alternativas, en la Casa Rosada ya comenzó a circular una idea. Según confiaron fuentes del Ejecutivo a El Cronista, en varios despachos de Balcarce 50 se está estudiando que las provincias absorban con sus recursos parte del gasto social y de los emprendimientos de obra pública.
Una opción que está está en estudio y que contaría con el visto bueno del presidente Mauricio Macri es que las provincias financien parte de los planes sociales y que esos montos sean descontados automáticamente de los giros que se hacen por la coparticipación. «Es una opción, se están estudiando varias líneas para no ajustar los fondos para las obras públicas. Las ideas apuntan a que las provincias se hagan cargo de cuestiones donde Nación pone fondos», confiaron los voceros.
Otra fuente del Ejecutivo nacional explicó que ir por este camino «puede ser como no, aún eso no está resuelto. Hay que esperar hasta que se de el primer intercambio con los gobernadores y se definan cuales son los ejes para bajar el déficit».
Desde varias administraciones provinciales consultadas por este diario negaron que en los encuentros con el Presidente les hayan comunicado esa idea. Pero, de todas formas, la descartaron de plano.
«Hasta ahora no nos adelantaron nada respecto de este punto», reconoció ayer a este diario el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, a la salida del encuentro con el presidente Macri. «Sería complicado», agregó.
«Si deciden ir por ese camino muestran una gran falta de imaginación», explicó un ministro de Economía de una importante provincia. «Si lo quieren hacer debería ser acordado, porque si lo imponen lo más seguro es que las provincias vuelvan con los juicios contra el Estado nacional», agregó.
En la misma línea se mostraron otras dos administraciones provinciales que, luego de asegurar que no fueron comunicados de esta posibilidad, negaron que la fueran a aceptar.
Como en el oficialismo no paran de repetir que «ahora las provincias cuentan con más fondos» por la devolución de los fondos de la coparticipación, «hoy reciben un 35% más que en 2016»; quieren que el aporte sea mayor ya que, explican, la reducción del déficit «no va a ser solo sobre un tema, puede ser impositiva, social, en obras. Tiene que haber un compromiso de todos».
En ese contexto, la discusión está dada en las transferencias y en el pedido que absorban más gastos.
En ese aspecto, la otra opción que está en estudio es la de modificar la relación del financiamiento de la obra pública entre Nación y provincia.
«Hoy el financiamiento es dos tercios (Nación-provincias) y puede ser que se reformule y se replantee, por ejemplo que sea 60%/40%». Respecto a este punto en particular, Urtubey se mostró más permeable. «Es un tema que es razonable discutir», señaló.
En las provincias consultadas también se mostraron más «amigables» a la alternativa de financiar parte de la obra pública antes que aceptar absorber los planes sociales. «La verdad es que es más fácil de discutir porque la mayor cantidad de obra pública está concentrada en distritos de Pro-Cambiemos», reconocieron desde una provincia del centro del país.
Según un informe del Iaraf, el Presupuesto 2018 establece que el 25% del gasto no tiene una asignación provincial específica, pero del resto, el 42% del gasto presupuestario se concentra en Buenos Aires (22%) y en CABA (20%). Luego aparecen Córdoba (4,5%) y Santa Fe (4,3%).
Es más evidente esta concentración cuando se observa la columna de gasto de capital que se compone con Inversión Real Directa y Transferencias de Capital, lo que define la inversión en obra pública que este año estaba estimado en $ 210.941 millones (1,7% del PBI). De ese monto, el 38% no tiene una asignación específica a provincias (son nacionales o interprovinciales), de la porción definida, nuevamente Buenos Aires (15%) y CABA (10%) son los principales destinatarios, seguidos por Santa Fe (4,6%) y Río Negro (3,2%).
