Unos lo atribuyen al estrés del gradualismo para corregir desequilibrios estructurales, otros al fracaso de las metas de inflación; algunos a la recalibración de metas el 28 D; pocos repararon en el aumento de la presión tributaria con el Impuesto a la Renta Financiera
Hasta el 27 de diciembre de 2017 todo se perfilaba para que este año se consolidara el abandono de la alternancia entre crecimiento de la economía en los años pares y recesión en los impares que se arrastra desde 2012, al punto que el Presupuesto para este año se votó con el supuesto de que la modesta reactivación de 2,9% del PBI en 2017 se elevara a 3,5 por ciento.
Pero la desafortunada conferencia de prensa en la Casa Rosada del día siguiente, en el que la dupla integrada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciaron junto al entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ahora ex ministro de Finanzas y también posterior ex presidente del BCRA, la «recalibración» de la meta de inflación, que fue leída por el mercado como la abierta intervención de la autoridad monetaria y el inicio del fin del programa de metas de inflación, llevaron al mercado a reducir en el REM de enero la estimación de crecimiento a 2,9 por ciento.
No obstante, a esa altura del año el ministro Dujovne predicaba un clima exitista: «la economía transita por su séptimo trimestre de crecimiento consecutivo y va a camino a cerrar el segundo año de aumento del PBI», después de 5 años de alternancias de subas en los años pares y caída en los impares.
No obstante, muchos economistas alertaban sobre la inviabilidad de la meta de inflación en una economía con alza de precios a ritmo de dos dígitos altos al año y vuelta al atraso cambiario como ancla para lograr ese objetivo, pese a la historia de fracasos de esa estrategia en el mundo, y en particular la Argentina. Incluso, algunos, como Guillermo Calvo y el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, prenunciaban «un año complicado», pero por diferentes razones a las que finalmente acontecieron.
Sólo sobre el cierre del año dio a luz una de las causas domésticas que condujeron a la crisis cambiaria, derrumbe de la actividad productiva y comercial y aceleración de la inflación a tasas parecidas a la de 16 años antes, aunque con un pico de más de 48% anual que no se veía desde principios de los 90, cuando el país iniciaba el camino de salida de la segunda hiperinflación, y que se manifestó en la inquietante escalada del índice de Riesgo País desde menos de 500 puntos básicos a más de 800, récord en la era Cambiemos y baja de las acciones.
La reglamentación parcial del Impuesto a la Renta Financiera, por supuestos criterios de equidad tributaria, que formó parte de la última Reforma Tributaria que aprobó el Congreso con la Sanción de la Ley 27.430, a través del decreto 279 que se publicó en el Boletín Oficial el 9 de abril, para los inversores extranjeros que desde el 1 de enero de 2018 invirtieran en títulos en dólares o con cláusula de ajuste atada a la variación del tipo de cambio.
Claramente, entonces, las autoridades económicas subestimaron el fenómeno, basados en el reducido impacto en términos de recaudación de la AFIP. Pero esa no fue la lectura de manual que hizo el mercado, que en su lógica traslada todo impuesto al precio final de un producto, servicio, o en este caso, de un activo, de ahí que desde entonces se iniciara el derrumbe del precio de los bonos y acciones, y por tanto aumentara la exigencia de mayores tasas de interés.
La proximidad del cierre de 2018 sin que Hacienda y Finanzas diera señales de reglamentar la parte de la Ley 27.430 para los inversores residentes en el país, precipitó la caída de las cotizaciones de esos papeles y alimentó la incertidumbre, con el consecuente efecto negativo sobre las expectativas en la economía real; se desplomó aún más la debilitada moneda nacional, con un salto del tipo de cambio de más del 100% en tres meses; se aceleró la inflación y se afectó severamente la capacidad de compra de los salarios y de los haberes jubilatorios.
En medio de ese proceso se sucedieron otros acontecimientos, como:
1- Subestimación del efecto de la peor sequía en 50 años para la producción agropecuaria, principales de cereales y oleaginosas;
2.- Inicio de la guerra comercial del gobierno de los EEUU con el gobierno de China, con el consecuente efecto depresivo sobre los precios de las materias primas que más exporta la Argentina;
- Crisis política y recesión en Brasil, el mayor socio comercial de la Argentina;
- Inicio del proceso de suba de las tasas de interés por parte de la Reserva de los EEUU;
- Virtual cierre de acceso a los mercados privados de deuda para colocar más títulos de la Argentina;
- Repetidos errores de política económica y comunicacional del Gobierno que llevaron a la vuelta del auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional, después de 12 años de que el gobierno de Néstor Kirchner cancelara la deuda. A principios de mayo se iniciaron las negociaciones y se efectivizó en una primera etapa a fines de junio; con el consecuente salto del tipo de cambio que impuso el mercado;
- Inconsistencias inexplicables en el Acuerdo I con el FMI entre los objetivos de política fiscal, monetaria, tarifaria y cambiaria, que presentaron el ministro Nicolás Dujovne y el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, al punto que éste renunciara a su cargo antes de que se aprobara el primer desembolso del tramo inicial por USD 50.000 millones, generaron mayor incertidumbre y deterioro de la economía real.
Semejante seguidilla de acontecimientos negativos, los más importantes de origen endógeno, determinaron los peores segundo y tercer trimestre para la actividad económica en su conjunto desde la crisis financiera internacional de 2008/2009; al punto de forzar la ampliación del acuerdo con el FMI, previo compromiso de «emisión monetaria cero y camino al déficit fiscal cero», que condujeron a mayor recesión, pero también a un cambio de las tendencias expansivas de la inflación y del déficit de divisas, tanto en los servicios financieros como el comercio exterior.
Y para que no quedaran dudas de que la crisis de la economía argentina tuvo un origen predominantemente local, el propio Fondo Monetario Internacional sintetizó en su blog de internet una semana atrás el ranking de los mayores incrementos que se registraron en lo que va del año en el riesgo país excluyendo a Venezuela que quedó fuera del radar: «la Argentina encabeza la lista con un incremento de casi 400 puntos básicos, seguido de lejos por Turquía con 150, y por Paquistán, México y Sudáfrica con un alza de alrededor de 100. En Brasil, Chile, Colombia y Perú subió menos de 50 puntos». Ninguna forma parte del club de los 10 más castigados por los mercados.
La incertidumbre política natural que genera el ingreso a un año electoral que definirá la continuidad del Gobierno o la alternancia con una fuerza de oposición, más el arrastre negativo de la recesión de un 2018 que se perfilaba expansivo, asegura un 2019 también cambiante en las previsiones de los economistas, las cuales en un escenario de esas características han mutado de predictores aproximados del futuro a acompañantes del ciclo económico, con resultado final incierto, al menos hasta avanzado el segundo semestre.
