En las últimas dos semanas, personal del fisco recorrió varias áreas comerciales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Mendoza, Misiones y Santa Fe y labró actas a los locales que aún no cuentan con medio electrónico ni están habilitados para recibir varias tarjetas de débito.
Todavía no hubo multas, pero se les advirtió a los dueños de los negocios que se los sancionará si no instalan los posnet en 15 días.
Lo que busca la AFIP es disminuir el comercio informal, que se calcula entre un 30% y un 35% en todo el territorio (con 35,8% de empleados no registrados, según INDEC) y que por mes factura alrededor de 2.000 millones de pesos, en base a estimaciones privadas.
Desde el Gobierno insisten que con más bancarización se reduciría la informalidad y le permitiría a la AFIP detectar casos de “enanismo fiscal” entre los monotributistas.
Los avances se amparan en los decretos 1.387 y 1.402, que formaron parte del “corralito” durante la gestión de Domingo Cavallo, que imponían la utilización de medios electrónicos. “Como no se aplicó nunca, lo tomamos como una derogación de hecho”, le dijo a BAE Negocios el prosecretario de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, quien contó que desde esa entidad le enviaron una nota al titular del fisco, Ricardo Echegaray, para exigirle que suspenda las inspecciones y que derogue los decretos.
Al igual que la institución que dirige Carlos De La Vega, representante del G-6, la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que prepara una presentación para que esa obligación sea declarada inconstitucional.
“Exigir este sistema a un monotributista o comercio muy pequeño es negativo porque genera asumir nuevos costos, en un proceso de once meses de caída de ventas”, remarcó el secretario de Relaciones Institucionales de CAME, Mauro González.
Lo que reclaman las cámaras es que varios de esos comercios, pequeños, en muchos casos monotributistas, no pueden hacer frente a la instalación y mantenimiento del posnet, que tiene un piso de $500 por mes y un costo de entre el 1,5% y 3% en cada transacción.
En las operaciones de pago electrónico los comercios también sufren las retenciones de impuestos varios sobre los créditos en sus cuentas bancarias. En caso de Ingresos Brutos puede llegar hasta 11%, a cuenta de lo que debe pagar con la presentación de la declaración jurada.
El fisco también relevó datos en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, en donde tiene media sanción una ley para que el sistema electrónico sea obligatorio en todos los locales.
No obstante, esa nueva normativa incluye que además se deban aceptar tarjetas de crédito, lo cual significaría un costo aún mayor para los privados. Desde las cámaras se resistieron a esta nueva normativa, pero aseguran que desde la gobernación provincial podrían estirar la definición de esa normativa para el año que viene.
