El combo de posibilidades incluye aumentar el endeudamiento a nivel local o recurrir al dinero que el FMI tiene en custodia por el acuerdo suspendido.
El Ministerio de Economía mira a 2021. Y sabe que necesita convencer a la economía (no gusta la palabra mercados en el oficialismo) de cómo conseguirá los aproximadamente u$s10.000 millones que necesita el Gobierno para cubrir el 60% del 4,5% del déficit fiscal comprometido para el año próximo. Y, si todo sale según lo planifica (al menos en teoría), las necesidades finales se reducirían a unos u$s5.000 millones. A ese número se llega con el siguiente silogismo. Se descuenta en Economía que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptará ese nivel de desequilibrio entre ingresos y gastos teniendo en cuenta que el país llegará al año próximo aún en pandemia. Y, promete el organismo que maneja Kristalina Georgieva, que será condescendiente en todo el mundo con los malos resultados fiscales que generará el covid-19 en las cuentas del 2020/2021. Este aval para el Gobierno es más importante que las presiones que los mercados locales le hacen al oficialismo sobre que debería reducir el desequilibrio de 4,5% a la mitad.
Por eso el mandato que Martín Guzmán sostendrá ante los enviados del Fondo que llegaran la próxima semana, y ante la política argentina; es que el porcentaje es 4,5%. Y que un alza será innegociable. Especialmente ante las provincias, donde los gobernadores están ansiosos en conocer cuánto será el dinero del que dispondrán en el electoralmente importante 2021.
Según el Presupuesto 2021, el 4,5% se cubrirá con un 40% de endeudamiento y un 60% de emisión. Si se supone que el mercado de deuda voluntaria bajo legislación internacional está cerrado para el país (hoy Argentina debería pagar más de 15% anual en dólares según el riesgo-país vigente), la alternativa de financiamiento es la plaza local. Y en lo posible en pesos. El 40% puede estar garantizado, sólo con la continuidad del calendario que Guzmán viene manteniendo hasta el último trimestre de 2020. La cuestión se concentra entonces en el 60 por ciento. Serían, a números agregados, algo menos de u$s10.000 millones. Este es el dato clave que mantiene el nerviosismo del mercado y donde Guzmán entendió está su problema de generación de confianza entre sus colegas privados, sin distinción de ideologías. Y es por esto que comenzó a dar respuestas hacia el mercado de manera inmediata.
Ayer dio el primer paso concreto al anunciar que no pedirá más dinero al Tesoro. El segundo paso lo podrá dar quizá durante noviembre o los primeros días de diciembre cuándo negocie con el Fondo la posibilidad de un giro por unos u$s3.500 millones. Son parte de los u$s55.000 millones que el FMI tiene comprometidos para ir otorgando a los países socios que lo requieran, como parte de la contención por las consecuencias de la pandemia..
Quedarían entonces por conseguir unos u$s6.500 millones. Tal como adelantó este diario, en los planes de Guzmán está recurrir a otros organismos internacionales; como el Banco Mundial y el banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por esta vía, en el mejor de los casos, la cifra podría legar a unos u$s1.500 millones, y liberando fondos de unas metas para utilizarlos en otras, en movimientos contables dentro del Presupuesto nacional. Restan unos u$s5.000 millones a los ojos de Economía (y del mundo) un nivel que no debería hacer peligrar la estabilidad macro de ningún país del tamaño de la Argentina. La misión de Guzmán deberá ser la de explicarle al mercado, en el momento adecuado, cómo conseguirá reducir a su mínima expresión la emisión monetaria de los u$s5.000 millones.
El problema que tiene el ministro en su idea de aumentar el nivel de endeudamiento para reducir la emisión en pesos equivalentes a esos u$s5.000 millones es, otra vez, que los mercados internacionales estarán cerrados (salvo alguna operación especial, que nunca alcanzará a esos montos); con lo que Guzmán tendrá sólo dos opciones (o una combinación de ambas): emitir más deuda al mercado local o recurrir al dinero que el FMI tiene destinados para la Argentina en custodia, como parte del stand by suspendido desde septiembre del año pasado. En el primer caso, si emitiera deuda en el país, absorbería gran cantidad de pesos, pero secaría la plaza local para el financiamiento del sector privado. El problema del dinero del Fondo es que el simple plan de pagos que tiene en mente Alberto Fernández debería mutar en un acuerdo más profundo, con las condicionalidades que imponga el organismo internacional sobre la mesa.
