Inflación y subsidios aparecen en la lista de proyecciones a renegociar entre el Poder Ejecutivo y el staff del organismo. La cuenta de subvenciones energéticas aumentó 90% en términos reales en el último año.
En mayo comenzará una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional. En las próximas horas el Poder Ejecutivo completará el pago de USD 1.000 millones de vencimientos al organismo y espera, para la semana que viene, la misión técnica que revisará el cumplimiento de las primeras metas del programa económico. Aunque más allá de esa evaluación, lo central de ese contacto será la “recalibración”: la Casa Rosada y el organismo buscarán modificar algunas de las proyecciones incluidas en el acuerdo, principalmente la de inflación o la de subsidios, por el shock de precios internacional que trastocó los planes originales.
Ya hace algunos pocos días el Fondo Monetario Internacional había admitido que debería revisar la proyección de inflación de 48% como tope que había establecido en el programa económico en acuerdo con el Gobierno argentino, ante las perspectivas de una suba de precios anual mucho más alta.
Según explicó la semana pasada el director del Departamento del Hemisferio Occidental Ilan Goldfajn, el FMI no permitirá cambios en las metas del programa, es decir el recorte del déficit primario, la monetización del rojo fiscal y el acopio de divisas en el Banco Central. “El programa tiene supuestos y tiene objetivos. La inflación es un supuesto y los supuestos pueden cambiar por los nuevos shocks de la economía global”, adelantó el funcionario.
En las próximas horas el Poder Ejecutivo completará el pago de USD 1.000 millones de vencimientos al organismo y espera, para la semana que viene, la misión técnica que revisará el cumplimiento de las primeras metas del programa económico
Para reforzar su idea, Goldfajn descartó la chance de reconsiderar los objetivos macroeconómicos del programa. “Buscamos priorizar medidas para asegurar que los objetivos del programa sean alcanzados. (Las metas) no van a cambiar, vamos a dar apoyo (al Gobierno) para priorizar para cumplir los objetivos del programa”, insistió el funcionario, uno de los que encabezó la negociación técnica con el ministro de Economía Martín Guzmán.
Goldfajn reiteró las palabras de la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva durante la reunión de primavera del organismo y el Banco Mundial en Washington la semana pasada y dijo que la prioridad para el programa argentino es “la implementación”. El director del Departamento del Hemisferio Occidental abrió la puerta para cierta flexibilidad por parte de los técnicos del organismo ante las revisiones que se vienen.
“Hubo negociaciones con los funcionarios, esto continua y esperamos terminar la revisión en mayo. Como el resto de los países, Argentina fue afectado por el shock global”, mencionó y dijo en otro tramo de la conferencia que “en las revisiones vamos a analizar todo. Está todo en consideración”, dijo, consultado sobre si harán una reconsideración de la estimación de inflación anual para este año, que estaba en un rango de entre 38 y 48% según la letra chica del programa. “Es normal, el objetivo es la implementación y encontrar medidas para asegurar que los objetivos se alcancen”, concedió.
Algunos días antes, en Washington, Martín Guzmán había hablado en un sentido similar. “Tenemos un programa económico que ayuda a la Argentina a garantizar la continuidad de la recuperación económica y poder atacar la inflación. Eso queremos implementar. No vamos a cambiar las metas del programa con el FMI, hay una repriorización por la guerra. Vamos a priorizar la política de protección social dado el impacto de la guerra en el precio de los metales, los alimentos y la energía, sobre todo los alimentos”.
El Gobierno asegura haber alcanzado las tres metas centrales exigibles por parte del Fondo Monetario. Por un lado, los datos fiscales hasta fines de marzo muestran que el sector público sobrecumplió por poco menos de $30.000 millones el objetivo trimestral de déficit primario. El dato, de todas formas, es discutido por analistas privados.
Tal como reflejó Infobae, la contabilidad que hizo la Secretaría de Hacienda para sobrecumplir la meta incluyó un incremento superior al 1.700% en una partida llamada “rentas de la propiedad”, que son ingresos extra que se anotó el fisco por la diferencia técnica en el precio nominal y el precio efectivo de los bonos atados a la inflación que emitió Finanzas.
Como método fue cuestionado por consultoras y economistas, ya que consideran que ese tipo de ingresos no estarían contemplados en el memorando técnico que acordaron el Gobierno y el Fondo Monetario. Por un lado, el memorando técnico habla de “que los ingresos se registran sobre base caja e incluyen los ingresos tributarios, las rentas de la propiedad, otros ingresos corrientes y los ingresos de capital”, por lo que esas rentas de la propiedad deberían contabilizarse.
Pero por otro, menciona que “los ingresos excluyen todo tipo de transferencia financiera procedente del banco central (incluidos utilidades y adelantos transitorios), el ingreso en concepto de intereses generado por la tenencia de valores y obligaciones de deuda dentro del sector público, el producto de la venta de activos financieros, y los derechos especiales de giro (DEG) asignados por el FMI o recibidos bilateralmente de otros miembros del FMI”, consideró.
En un informe reciente, la consultora Invecq mencionó que la meta de déficit fiscal primario fue sobrecumplida, pero “para lograrlo se incluyeron las rentas de la propiedad como ingreso primario. Este atajo contable, resultante de registrar como ingresos la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de los títulos emitidos, da lugar a dos posibles escenarios: si el FMI no aprueba esta maniobra, la meta de déficit fiscal habría sido excedida por casi 100.000 millones de pesos, mientras que si es aprobada, en el futuro, a la hora de registrar los pagos de dichos títulos, el efecto sería el contrario, agrandando el rojo fiscal de los próximos períodos”, consideraron.
Uno de los desafíos que tendrá el frente fiscal será la reducción de subsidios. No solo es un compromiso en sí estipulado en el programa económico -con un recorte de ese fondeo de unos 0,6% del PBI según estimaba el Gobierno- sino que esa cuenta presupuestaria es determinante para alcanzar el objetivo de poda del déficit primario desde 3% a 2,5% que anticipó el Poder Ejecutivo. Un análisis del ex ministro de Economía Domingo Cavallo planteó esa dificultad.
“La necesidad de reducir el rubro de los subsidios económicos surge claramente de observar la evolución del gasto devengado en ese rubro en el primer trimestre del 2022 con respecto al primer trimestre de 2021, siendo que, en aquel, ya se había producido un aumento importante entre 2021 y 2020″, mencionó el ex funcionario en un posteo en su blog. En el acumulado del primer trimestre de este año ese gasto fue 90% superior en términos reales en comparación con ese lapso de 2021.
Ya hace algunos pocos días el Fondo Monetario Internacional había admitido que debería revisar la proyección de inflación de 48% como tope que había establecido en el programa económico en acuerdo con el Gobierno argentino, ante las perspectivas de una suba de precios anual mucho más alta
La cuestión de los subsidios tendrá un capítulo decisivo en los próximos días. La Secretaría de Energía convocó a audiencias públicas entre el 10 y 12 de mayo, que incluirán la discusión sobre nuevos incrementos para las boletas de gas y de energía eléctrica.
Guzmán buscó en el acuerdo con el FMI encontrar un sendero de reducción de subsidios que equivalga este año al 0,6% del PBI, lo que implicaría la necesidad de aumentar tarifas por encima del primer incremento anunciado a principios de año y que se materializarán en las boletas en las próximas semanas.
Ese horizonte de recorte de la cuenta de subsidios, un objetivo que el FMI marcó como decisivo del programa económico acordado, podría verse en peligro por el cambio en las condiciones internacionales. El salto de precios globales de la energía implicaría una resistencia a la intención oficial de poner en marcha una poda considerable de esa cuenta presupuestaria, una de las más elevadas para el gasto público.
El escenario que plantea Cavallo es de una manta corta: si el Gobierno no pudiera o no quisiera reducir las subvenciones energéticas, deberá recortar otros rubros. “Si, por oposición de la vicepresidenta (Cristina Kirchner), no se logra aumentar los precios de la energía como para producir esta reducción de los subsidios económicos, el gobierno no tendrá otra alternativa que recurrir al rubro gastos de capital, que también estuvieron subiendo mucho, en particular, entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2022″, continuó el posteo.
Para el caso del gasto de capital, el fondeo aumentó 30% en términos reales, es decir descontando la inflación. De todas formas, a pesar de esos desafíos, Cavallo consideró que es posible que “la meta fiscal del 2,5% del PBI como porcentaje del PBI pueda ser cumplida”.
Otra meta que mencionó el ex ministro de Economía como compleja es la de acumulación de reservas. “La comparación de las compras netas de reservas hasta la tercera semana de abril de 2022 en comparación con la que había hecho el Banco Central en el mismo período de 2021, es ya una muestra de la dificultad que enfrentará el gobierno para cumplir con la meta de acumulación de reservas”, mencionó.
En ese sentido también se expresó un reporte reciente de la consultora Equilibra, que considera que lo más complejo aparecerá para el BCRA para las metas del segundo semestre. “Las metas del tercer y cuarto trimestre lucen aún más difíciles de cumplir. La temporada alta de liquidaciones de agrodivisas sería apenas suficiente (con suerte) para alcanzar con lo justo la meta del segundo trimestre, sin dejar excedentes que alivianen el objetivo de acumulación del tercer cuarto”.
“Ya sin el empujón extra de los dólares del campo, con una mayor demanda de divisas para importaciones de energía y con el turismo emisivo acercándose a sus niveles prepandemia, al BCRA no le resultará fácil acumular los USD 300 millones que necesitaría para que el stock de RIN sume USD 6.725 millones a fines de septiembre 2022″, aseguraron.
