Es un tema pendiente sin resolución entre el productor y la industria. Especialistas sostienen que frena la posibilidad de un mayor desarrollo. Las claves del diagnóstico y posibles salidas.
Se trata de un tema pendiente sin resolución entre el productor y la industria, que frena la posibilidad de un mayor desarrollo.
Uno de los temas más complejos que tiene el negocio agrícola es el del cobro de la tecnología. Así como en múltiples actividades se investiga y se puede cobrar la innovación en un producto, en el caso de los granos el mecanismo no es simple, al menos en nuestro país.
Es que en la producción de granos existen dos clases de semillas, las híbridas y las autógamas. Dentro del primer grupo están aquellas que surgen a partir del cruzamiento de linajes geneticamente diferentes y que da como resultado un hibrido especifico que es el que se comercializa. Luego existen las autógamas,en las que la reproduccion se realiza por el mismo individuo. La caracteristica mas importante para este caso es que los descendientes que genere una planta van a ser geneticamente iguales entre si. Es decir ,que un productor que guarda su semilla de soja puede utilizarla en la siguiente campaña sin pagar regalías, lo que se define en el sector como “uso propio”.
Dada la complejidad de la produccion de los hibridos, como por ejemplo maíz, girasol o sorgo, su propiedad intelectual está garantizada. No ocurre lo mismo con las autógamas, entre las cuales figuran el trigo y la soja.
En la Argentina existe la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, pero data del año 1973, cuando el desarrollo agrícola era muy diferente al que se puede acceder hoy en día.
En los últimos años se intentó varias veces actualizar la ley, pero las diferentes miradas dentro del propio sector terminaron por impedir el tratamiento en el recinto, a pesar de haber logrado dictamen en 2018.
Ahora, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, trabaja en una propuesta para que la Argentina aumente su producción, que estaría en línea con los pedidos históricos de la industria semillera. Si bien no queda claro cómo sería el nuevo mecanismo, trascendió que se podría instrumentar el cobro de un porcentaje a los productores por el uso de la tecnología disponible. Sería una suerte de retención obligatoria que alcanzaría el 2% del valor del grano.
Según Domínguez, “hay dos problemas puntuales que se deben resolver antes de avanzar con una resolución al respecto. Uno de ellos es el tema del atraso en materia de productividad respecto de Brasil y el otro es la incertidumbre de acciones judiciales de todo tipo hacia los productores”.
Desde la Asociación de Semilleros de la Argentina (ASA), su titular, Alfredo Paseyro, explicó a Ámbito que “si bien cada vez que se habla de este tema el productor suele pensar sólo en soja, la industria contempla muchos otros cultivos. Nosotros sostenemos que la Argentina ha perdido competitividad en los últimos años. En el caso de la soja hace 20 años estábamos 300 kilos en promedio por hectárea por encima de Brasil y hoy estamos 300 abajo. Pero lo más preocupante es que si proyectamos 10 años más, la brecha llegaría a 600 kilos por debajo en el rendimiento. En el caso del algodón, un cultivo regional, el último registro de variedades fue el año pasado, la hizo el INTA, pero pasaron 20 años desde el anterior evento. Brasil tiene 13 eventos, rindes superadores y una industria textil con fibras de calidad. Son dos ejemplos que los tenemos sólo cruzando la frontera”.
Inversiones
En el sector, nadie duda que el problema existe y que hay que resolverlo. Desde las empresas aseguran que hay inversiones suspendidas y otras que se van al exterior donde el panorama es más claro y se respeta la propiedad intelectual.
Pare recuperar esa competitividad, Paseyro asegura que hay que modificar la ley de semillas, porque no permite a las empresas cobrar por los nuevos eventos biotecnológicos que introduce en el mercado, por lo tanto no hay interés por poner esas mejoras al servicio del productor. “Tiene que haber un cambio, porque el atraso tecnológico ya es evidente. Debemos salir de esta situación, porque nosotros trabajamos para el productor, queremos que tenga buenos rindes, alta rentabilidad y que le vaya muy bien”.
Lo que queda por ver es cómo se podría avanzar para encontrar una solución posible en un plazo razonable, porque la biología no se detiene y cada año comienza una nueva campaña agrícola.
Al tratarse de una ley, este tema también generó cierto resquemor en el poder legislativo. Pablo Torello, diputado nacional y productor agropecuario, destacó a Ámbito que “si se quiere modificar la ley de semillas, lo tiene que hacer el Congreso. No puede un DNU o una resolución ir por encima de una ley, menos aún podría avanzar sobre derechos adquiridos como el uso propio”.
En la misma línea se manifestó Ricardo Buryaile, titular de la Comisión de Agricultura de la cámara baja, quién aseguró en diálogo con Ámbito que “tener una ley tan importante como la de semillas por DNU no corresponde, porque hay un Congreso y una Comisión dispuesta a tratar los temas que prometimos cuando vino Domínguez. De hecho, los que prometimos que íbamos a tratar el tema fuimos nosotros. No hay ni necesidad ni urgencia, salvo que haya negocios que yo no conozca con los exportadores. El Congreso esta funcionando y la vocación de todos existe. Un decreto no puede modificar una ley, por lo tanto sería un enorme error y un paso para atrás en la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo, hacer una ley por decreto.
Buryaile fue más incisivo y aclaró que “suena a otro impuesto al campo cobrar una suma fija para repartir a los obtentores cuando es algo del derecho privado. En cuanto a la abolición del derecho de uso propio, con cualquier medida cautelar se frenaría y sería un retroceso enorme”.
La pregunta debería ser si efectivamente un productor pierde rentabilidad en un escenario en el cual deba pagar por la tecnología que le permite potenciar su producción. Según los productores ya no hay margen para pagar algo extra porque la presión fiscal es feroz. Si bien eso es una realidad, también vale mencionar que cuando se bajaron retenciones y el tipo de cambio era más favorable para la exportación -durante el Gobierno anterior- tampoco se pudo avanzar en un nuevo esquema. Que no se pueda lograr un acuerdo dentro del propio sector no sólo perjudica a la Argentina, porque en definitiva el país produce menos teniendo la posibilidad de hacer más eficiente la utilización de sus recursos, pierden también todos y cada uno de la cadena productiva.
