El Ministerio de Economía continúa la negociación y busca alcanzar un consenso político con la oposición y apoyo de gremios y empresarios para presentar el nuevo programa; se ratificó el pago al organismo en diciembre de USD 1900 millones
El Gobierno puso en marcha esta semana el último tramo de negociaciones técnicas con el Fondo Monetario Internacional para llegar en los próximos días a un entendimiento que pueda ser discutido, durante diciembre, en el Congreso nacional. en ese sentido, el Poder Ejecutivo espera poder enmarcar ese consenso con el staff del organismo sobre las proyecciones económicas plurianuales con un apoyo parlamentario de la oposición y también de empresarios y gremios.
Además, hoy la secretaria de relaciones económicas internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca, ratificó que en diciembre se le pagará al organismo multilateral la cuota de capital de USD 1900 millones con las reservas internacionales del BCRA.
El Ministerio de Economía abrió desde hace quince días, tras el resultado electoral de las legislativas y el anuncio de Alberto Fernández de una aceleración en las negociaciones con el FMI, una ventana de diálogo de algunas semanas para afinar la letra chica de ese sendero económico acordado con los técnicos del organismo, y que incluirán elementos decisivos como el déficit fiscal, el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro y el crecimiento del PBI, entre otros.
La secuencia que se planteó como hoja de ruta el equipo económico es cerrar en los próximos días un entendimiento con el staff, enviar el contenido de ese acuerdo preliminar al Congreso para su debate parlamentario y una vez cumplido ese paso, que el Fondo Monetario discuta ese consenso en el directorio, que es el instrumento principal de decisión del organismo. Con ese aval final, el nuevo programa financiero estaría a la firma.
La aspiración de máxima del equipo económico es poder tener concretado un entendimiento con el staff y haber completado su tratamiento legislativo antes de fin de año. Los contactos actuales son de carácter técnico y virtual y aún no está en la agenda una misión oficial de los funcionarios del organismo a Buenos Aires.
Anoche, en un evento organizado por la organización de políticas publicas Cippec, Infobae fue testigo de una charla informal durante una media hora entre el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro con el todavía economista residente del FMI en la Argentina, Trevor Alleyne, quien de todas formas está a punto de finalizar sus funciones ya que será reemplazado a fin de año por el inglés Ben Kelmanson. El economista jamaiquino fue uno de los hombres más consultados por empresarios presentes, aunque su involucramiento en la negociación en marcha es menor.
A grandes rasgos, la preocupación principal para la Argentina es reestructurar lo antes posible un calendario de vencimientos de deuda abultado –previsto en el acuerdo firmado en 2018– que cada vez está más cerca. En 2022 y 2023 el país debería repagar al Fondo cerca de USD 20.000 millones cada año, una cifra que es considerada por el Gobierno y el sector privado como imposible con el nivel de reservas que tiene actualmente el Banco Central.
En los últimos días, además, comenzó un juego de señales por parte del Poder Ejecutivo, que pueden preparar el terreno para un entendimiento técnico y que apuntan, centralmente, a solucionar tres cuestiones que preocupan al Fondo Monetario: la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, el nivel de reservas y el atraso cambiario.
Esa lectura incluye algunas de las últimas medidas tomadas por el Banco Central. En primer lugar aparece en ese listado el corrimiento de la autoridad monetaria del mercado del dólar financiero, más específicamente por el dólar Bolsa o MEP. En ese sentido, desde el día después de las elecciones parlamentarias el BCRA interrumpió su intervención a través de venta de bonos en ese mercado, lo que aceleró su precio por encima de los 200 pesos, mientras antes de los comicios del 14 de noviembre cotizaba en un precio cercano a los 185 pesos.
También con el objetivo de preservar el colchón de reservas internacionales del organismo anunció la semana pasada que prohibirá el financiamiento en cuotas con tarjetas de crédito de gastos en dólares en el exterior. Tal como reflejó Infobae, los gastos con tarjeta por viajes y turismo habían llegado en septiembre pasado a unos USD 240 millones en todo el mes, lo que representa una cifra muy baja en comparación con salidas que, por ejemplo, llegaron a los USD 1.567 millones en enero de 2018.
Otra decisión del Banco Central fue la que determinó flexibilizar una de las últimas medidas de política regulatoria hacia los bancos, que había ajustado un mes antes. A través de una resolución, volvió a dar margen a las entidades financieras para contar con dólares propios en sus tesoros, por fuera de los encajes que tienen de los depósitos en moneda extranjera de sus clientes. El BCRA salió este lunes a desmentir que sea una medida que impacte en las tenencias de los usuarios bancarios.
Por último, el organismo que preside Miguel Pesce permitió en los últimos días un nivel de depreciación mayor del tipo de cambio mayorista que administra al ritmo que tenía antes de las elecciones legislativas. A lo largo del año el dólar de referencia para el comercio exterior tuvo una actualización menor a la que tuvo la inflación. Según la estimación presupuestaria, el mayorista podría avanzar hasta los $102,4, es decir un peso y medio más en comparación con los niveles actuales. Para algunos analistas, un crawling-peg (ritmo de depreciación) por encima de la inflación ayudaría a recortar la brecha “por abajo” sin necesidad de un salto devaluatorio.
Justamente, la resolución del problema de la brecha cambiaria en un contexto de reservas cada vez más escasas también aparece en la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional. En ese punto se abren distintas alternativas para que el próximo programa financiero que firme el país con el organismo contenga algún consenso sobre qué tipo de medidas tomar.
Un informe de la consultora PxQ, que dirige el ex viceministro de Economía del último gobierno de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, recopiló distintos trabajos realizados por el Fondo Monetario para conocer qué postura expresó en los últimos años el staff técnico del organismo sobre cómo debería ser una política cambiaria, lo que podría preanunciar qué salida negocian el Poder Ejecutivo y el FMI en estas últimas semanas antes de que se inicie el debate legislativo.
La consultora fundada por Álvarez Agis concluyó que considerando los últimos 6 años de análisis del FMI acerca del sector externo argentino hay tres ejes que se desprenden. Por un lado, que el FMI considera que las medidas de control de capitales “son necesarias en el corto plazo para evitar salida de capitales, pero que tienen que ser eliminadas de forma gradual una vez que se logre estabilizar la economía”.
Por otro, que la evaluación de tipo de cambio real de equilibrio “no es necesariamente un factor que determine las recomendaciones de política económica, esto queda en evidencia tras las conclusiones del Artículo IV en 2016 y 2017″. Y en tercer lugar, que “la política suele ser un factor determinante para las recomendaciones del FMI, por encima de lo que diga el staff técnico. Esto queda demostrado en las consideraciones que tuvo el organismo en 2017 y 2018″.
PxQ consideró, en ese sentido, que “es posible pensar que el programa con el FMI podría no implicar un salto brusco del tipo de cambio y en cambio modificar la política cambiaria para tener un crawling-peg por encima de la inflación”.
Para el economista y ex secretario de Hacienda entre 1996 y 1999, Pablo Guidotti, existe el riesgo de que el Gobierno y el FMI lleguen a un acuerdo “light”, sin mayores condicionamientos de política económica para la Argentina y que solo persiga el objetivo de refinanciar los vencimientos para los próximos años.
“Esto sería desastroso tanto para Argentina como para el FMI. Por un lado, con un programa light, Argentina permanecería aislada de los mercados internacionales de capital, lo que aumentaría significativamente la probabilidad de un default en 2024″, mencionó Guidotti.
“Por otro lado, el FMI tendría que salir en apoyo de políticas populistas y eventualmente enfrentar el fracaso del programa al no restaurar la confianza de los inversores. Esto dañaría gravemente la reputación del FMI, que sigue siendo su activo más importante. Además, un programa ligero sentaría un precedente terrible para otras economías de mercados emergentes, donde los responsables de la formulación de políticas luchan por conseguir apoyo político para políticas económicas coherentes”, concluyó.
En medio de la negociación, la mirada está puesta en la fragilidad de las reservas del Banco Central, cuando se aproximan vencimientos de deuda relevantes para los próximos meses. La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales Cecilia Todesca adelantó este martes que el Gobierno pagará el último compromiso financiero del año con el FMI, que será de casi USD 1.900 millones.
En una mirada más amplia, según una estimación de la consultora Equilibra, para los próximos meses habría obligaciones de pago de deuda por USD 7.600 millones en caso de que el Gobierno no pudiera reestructurarlos a tiempo. En ese cálculo se incluyen repagos al FMI y otros organismos internacionales, la segunda cuota del “puente” de tiempo acordado con el Club de París y cupones a bonistas privados.
El Gobierno buscará, además de un consenso político con la oposición a través del debate parlamentario del consenso con el staff técnico del Fondo, un apoyo de sectores empresarios y gremios. El secretario de Política Tributaria Roberto Arias apuntó en ese sentido: “Necesitamos que todos los factores de poder de la Argentina apoyen la estrategia y la propuesta de negociación con el FMI para que tengamos condiciones que no ahoguen las posibilidades de darle continuidad al proceso de recuperación económica”. Este miércoles, por lo pronto, el ministro Martín Guzmán se reunirá con la plana mayor de la CGT.
