Juicio histórico. Duro revés en la pelea judicial con los fondos buitre. Con su decisión, avaló las resoluciones de Griesa que imponen el pago a los holdouts y que les permite rastrear activos para embargar.
La Corte Suprema de los Estados Unidos le propinó ayer un duro revés a la Argentina en su extensa disputa con los fondos buitre, al rechazar las apelaciones a dos fallos precedentes: el que la obliga a pagarles y el que los habilita a rastrear activos argentinos en el mundo, embargarlos y tratar de cobrarlos.
Parado en el peor escenario legal posible, el gobierno cuenta con 25 días para pedirle a la Corte que "reconsidere" y dé revisión adicional al caso, pero con esto sólo ganaría tiempo para pasar el 30 de junio, cuando debe abonar unos 900 millones de dólares por intereses del bono Discount.
Luego podría retornar al tribunal del segundo circuito de Nueva York, a cargo de Thomas Griesa, donde fue condenada inicialmente, e iniciar allí algún tipo de negociación con los fondos especulativos.
El mismo Griesa abrió días atrás una puerta al gobierno para negociar con los fondos buitres una salida al conflicto judicial, al asegurar: "Si la Argentina está de verdad en una condición financiera que no puede pagar todas sus obligaciones, ¿qué hace alguien de buena fe? Viene a los tribunales a negociar".
El máximo tribunal estadounidense emitió un primer comunicado ayer en el que, sin expresar comentarios, denegó analizar y resolver la disputa del país con el fondo NML, gestionado por el estadounidense Paul Singer, que cuenta con un fallo de primera instancia y otro de la Cámara de Apelaciones a favor.
Esa decisión ratificó una condena adoptada por un tribunal federal de Nueva York en favor de los fondos especulativos NML Capital y Aurelius, que rechazaron sumarse a reestructuraciones de 2005 y 2010, por las que el país normalizó el 93 por ciento de su pasivo externo, con quitas de hasta 67 por ciento de los intereses.
La Argentina deberá esperar ahora que Griesa confirme una posibilidad de negociación con los fondos especulativos, quienes reclaman el pago de 1.330 millones de dólares en efectivo y sin quita más intereses, lo que elevaría el monto a 1.470 millones de dólares.
El gobierno de Cristina Kirchner había argumentado que una decisión favorable a los fondos especulativos introduciría un precedente capaz de afectar de forma negativa cualquier futura operación de reestructuración de deuda soberana en default a nivel mundial.
La presidenta tendrá que decidir ahora cuáles serán los pasos a seguir: si paga o si el país entra en lo que se denomina "default técnico". Ayer habló por la cadena nacional. Mostró voluntad conciliadora, pero no dio precisiones.
El país podría caer en un "default técnico" dado que los litigantes podrían obtener órdenes de embargos sobre los fondos transferidos a Nueva York para honrar la deuda ya reestructurada.
Las decisiones deberán ser tomadas contrarreloj dado que la Argentina debe girar el 30 de este mes a Estados Unidos fondos para pagar un vencimiento de bonos Discount.
Para agravar el escenario, el máximo tribunal estadounidense emitió un segundo fallo relacionado en el que dispuso que los registros bancarios de activos internacionales de la Argentina pueden ser puestos a disposición del fondo buitre NML, de cara a posibles embargos.
En este caso, denominado Discovery, los fondos buitre reclamaron ante la Justicia al país que revele todos sus bienes en el exterior pasibles de embargo.
A partir de la decisión de la Corte de rechazar la apelación, a la Argentina le quedan determinadas opciones.
En principio, el gobierno aspira a ganar tiempo para llevar cualquier negociación con los buitres al 2015, cuando vence la cláusula que obliga a extender a los acreedores que ingresaron al canje cualquier mejora en las condiciones de pago que se den afuera. Sin embargo, ese tema también es motivo de debate legal.
Ladrones del asfalto
El canciller argentino Héctor Timerman calificó ayer a los fondos buitres como “ladrones del asfalto” y “manga de especuladores”. El funcionario acusó a esos grupos de llevar a los países a “situaciones imposibles de sostener”.
