El cupón atado al producto bruto interno (PBI) se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posible al canje de deuda que se hizo en 2005. Pero ya hace algún tiempo que este instrumento financiero, que paga a los bonistas cuando la economía argentina crece por encima del 3% anual, se transformó en un gran dolor de cabeza para el Gobierno. Y es que, por culpa de la manipulación de datos del Indec, que durante años sobreestimó el crecimiento de la economía, el Gobierno se encuentra en un brete legal que podría derivar en una nueva andanada de juicios en los tribunales internacionales.
Aunque el Ministerio de Finanzas no tiene previsto tomar decisiones mientras no se dispare el pago del cupón -cosa que sucedería solo si el Indec dijera en marzo que la economía en 2017 creció 3%-, según pudo saber LA NACION, ya existe un dictamen de la Procuración del Tesoro, es decir, los abogados del Estado, que aconseja cómo proceder en tal caso. Y la decisión no sería favorable al mercado, pero sí para el Estado argentino, que terminaría ahorrándose miles de millones de dólares.
Ocurre que cuando se lanzaron los cupones, en 2005, el Indec tomaba 1993 como año base de cálculo para ir informando el crecimiento de la economía. Pero el año base cambió a 2004 en 2013, en un intento del gobierno de Cristina Kirchner de subsanar una serie estadística que era poco creíble, luego de que, en 2007, se intervino el Indec de la mano de Guillermo Moreno. Desde entonces, además, el Indec dejó de publicar la serie original con base en 1993.
El problema es que ambas series se superponen entre 2004 y 2013. Con lo cual el Ministerio de Finanzas debe definir el año de empalme entre las dos. La decisión está pendiente desde 2014, pero no habría margen para seguir demorándola si se disparan las cláusulas de pago del cupón. Según las condiciones de emisión, la Argentina debe pagar a los tenedores del cupón PBI cuando en el año la economía crece más de 3%, y el crecimiento acumulado es superior a un escenario base definido en el prospecto. También siempre y cuando no superen el tope establecido de 48 centavos por cada 100 cupones.
Y lo que parece un tecnicismo financiero representa miles de millones de dólares para el Estado argentino. Dado que, como desde 2007 el Indec de Guillermo Moreno infló el crecimiento de la economía, cuanto más cerca es de 2004 el año de empalme, menos debería al final del día pagarles el Estado argentino a los tenedores de cupones PBI.
En tal sentido, según pudo saber LA NACION, los abogados del Estado le recomendaron a Finanzas tomar como año de empalme «únicamente» 2004, 2005 o 2006. Y esgrimen que será más difícil para los tenedores de los cupones objetar la elección de alguno de estos años, porque fue en 2007, en definitiva, cuando las estadísticas comenzaron a volverse poco confiables. El Estado, señalaron, estaría siguiendo los «principios de transparencia y buena fe» eligiendo como empalme cualquiera de los años previos a la intervención del instituto de estadísticas. Pero, consultados al respecto, fuentes de Finanzas no confirmaron ni negaron la información y aseveraron a LA NACION que no había decisión tomada. El año de empalme «vamos a definirlo cuando tengamos que definirlo, ni un minuto antes ni después», dijeron.
De seguir las recomendaciones de la Procuración, y definir el año de empalme previo a 2007, los cupones podrían sufrir un fuerte golpe en sus cotizaciones. En el mercado, después de todo, muchos especulaban con 2012 como el año de empalme.
El peso de la deuda
3%
Crecimiento del PBI
Cuando el crecimiento supera el 3 por ciento y es superior al año base definido en el prospecto, el Estado debe pagarles a los tenedores de los cupones PBI
2100
Millones de dólares
Fue lo que, según Econométrica, el Estado pagó de más en 2011 y en 2012 por haber sobreestimado el crecimiento de la economía durante el kirchnerismo
