Sobresalen nuevos impuestos y el aumento de alícuotas de otros ya existentes. Como contrapartida, habrá aumentos de ingresos para los sectores más postergados. En el Ejecutivo confían en que volcar recursos incentivará el consumo y la actividad económica
Tras algunas idas y vueltas, finalmente hoy antes del mediodía los dos grandes proyectos de ley que viene preparando la administración de Alberto Fernández prácticamente desde el día de la asunción llegarán al Congreso. Pasó apenas una semana desde aquel momento, lo que deja en claro el apuro por avanzar antes de fin de año con una serie de medidas, que básicamente permitirá al Gobierno tener un amplio grado de acciones para moverse en sus primeros meses de gestión.
Uno de los proyectos es el de Emergencia Económica, que entre otras cosas facultará al Gobierno a tomar decisiones de gasto sin nuevo presupuesto aprobado. Desde Juntos por el Cambio se manifestaron en contra de este pedido, aduciendo que el gobierno buscaba “superpoderes” para manejarse por afuera del ámbito legislativo. La Casa Rosada tendría además facultades para resolver en materia tarifaria, sin el visto bueno legislativo. El Presidente confirmó ayer que las tarifas quedarán congeladas hasta el 30 de junio próximo. Además, el Ejecutivo quedaría con vía libre para avanzar con la renegociación de la deuda sin necesidad de un visto bueno legislativo.
El otro proyecto es el de “Solidaridad social y recuperación productiva”, en el que figuran las baterías de medidas que se pondrán en marcha, tanto en materia de ingresos como de gasto. En este caso la decisión es cumplir en alguna medida con la principal promesa de campaña de Alberto Fernández: “Ponerle plata en el bolsillo a la gente”.
Esas medidas serán básicamente un bono a jubilados de $ 5.000 que se pagará en enero y febrero, mientras que los beneficiarios de AUH cobrarían $ 2000 por mes. Además, se implementará la tarjeta alimentaria, que se cargará con $ 4.000 a $ 6.000 por mes para beneficiarios de planes sociales.
Estas decisiones aumentarían el rojo fiscal, sumado al déficit que se hereda inercialmente de la anterior administración. Para solventarlo e impedir un fuerte aumento del rojo de las cuentas públicas, el proyecto incluirá varias novedades que apuntan a mejorar ingresos en forma casi inmediata.
En relación a la movilidad jubilatoria, quedaría en suspenso la aplicación de la fórmula para pasar a un nuevo esquema. Esto ahorraría miles de millones de pesos, ya que el aumento a los jubilados debía efectuarse según la inflación de los últimos seis meses. Así, no tendría impacto el pico inflacionario de los últimos meses, lo cual hubiera generado un fuerte agujero en las cuentas fiscales.
El aumento de las retenciones que ya se resolvió por DNU tendría un segundo capítulo, ya que la próxima ley autorizaría a subir las alícuotas hasta el 35%. Con la última modificación, las exportaciones de soja y derivados pagará un 30%, mientras que trigo y maíz pasarían al 12%, en tanto que carne llegaría al 9%. Hay una probabilidad alta de que estas alícuotas aumenten incluso más a partir del primer trimestre del año que viene.
El denominado “dólar turista” actuará en realidad como un nuevo impuesto sobre todas las transacciones con tarjeta en dólares. Impactará también en la compra de pasajes aéreos. Este gravamen, que podría recaudar más que la última suba de las retenciones, tiene un doble objetivo: cuidar las reservas para que el drenaje por la balanza turística sea menor que en la actualidad (unos USD 5.000 millones anuales), pero además crea una nueva fuente de recursos, que al menos en teoría podría recaudar el equivalente a unos USD 1.500 millones adicionales en 2020.
Bienes Personales, como estaba “cantado”, también aumentará. Vuelve a un máximo de 1,25% para los bienes en la Argentina. Pero según Fernández “se duplicará” en el caso de los activos del exterior. Siguiendo esta explicación, las cuentas en el exterior pasarían a tributar 2,50%, aunque durante el día había trascendido que sería de “sólo” 1,75%. Recién hoy habría más claridad sobre este punto. El Presidente dejó en claro que si los fondos ingresan al circuito local pasarían a pagar la tasa local. En caso de confirmarse, se trata de un fuerte impacto para aquellos que mantienen bienes en el exterior, la mayoría de los cuales fue sincerado en el último blanqueo de 2016.
En lo que respecta a las empresas, se dispondrá una moratoria muy amplia para las PYME, con seis meses de gracia, diez años para pagar y tasas muy inferiores a las actuales. La contrapartida será la suspensión del Consenso Fiscal con los gobernadores, que así quedarán en libertad para aumentar impuestos como ingresos brutos. Sería una fuerte reversión en el camino de reducción de impuestos distorsivos que se habían negociado hace dos años, en el marco de la última reforma tributaria.
