Quienes saben de administración pública dicen que el presupuesto es la madre de todas las leyes. Algo de razón tienen: de allí se derivan miles de reglamentaciones y regulaciones que determinan los pasos del Estado. El problema que tiene este gobierno es que no solo no tiene su «madre de todas las leyes», ya que no se aprobó el año pasado el presupuesto 2020, sino que, además, cualquier previsión fue arrasada por la emergencia del coronavirus .
Las prioridades que expresa el Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria empezaron a tener su correlato en los gastos del Estado. Y vaya si cambiaron las cosas. Mediante una modificación presupuestaria, el Gobierno decidió ampliar el gasto en 498.000 millones de pesos, una cifra difícil hasta de mensurar. Doce cifras, nueve ceros.
La norma establece que la ampliación presupuestaria prevé un «incremento del cálculo de la recaudación a fin de adecuar a la evolución prevista» en el primer semestre de $113.000 millones. El resto se conforma con las llamadas «rentas de la propiedad». ¿A qué se refiere este punto? A las ganancias contables que surgen de la contabilidad del Banco Central. Por este concepto, polémico, ya que los dólares de las reservas no generan beneficios porque cambia su cotización en pesos, el Tesoro incorporará como gasto para este semestre $385.000 millones, que bien podrían definirse como los pesos de la emisión monetaria, «la maquinita».
Las razones de la ampliación del gasto están expuestas en las medidas de contención de los efectos de la crisis que el Gobierno anunció. Y más allá de la efectividad, o de la falta de agilidad de algunas de ellas, cuya implementación ha sido lenta e ineficiente, lo cierto es que necesitan previsiones presupuestarias.
«La protección social y económica desplegada para morigerar el impacto del aislamiento social, preventivo y obligatorio se implementó a través de distintos instrumentos», dicen los considerandos del decreto de necesidad y urgencia.
«Entre las políticas para proteger el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas se incluyen el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ampliación de las prestaciones vinculadas con el seguro de desempleo, el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos, la postergación o reducción de hasta el 95% de los aportes patronales y el salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas y el trabajo», concluye.
Como todos los países del mundo, la Argentina aumentó el gasto público para hacer frente a la emergencia de salud. La diferencia entre unos y otro es, además de la metodología, el origen de los recursos puestos a disposición de una sociedad que frenó su actividad de manera imprevista. Justamente, el debate en el país tiene que ver con la fuente de financiamiento: la emisión monetaria y su eventual efecto, en unos meses, sobre la inflación.
El decreto lista algunas de esas razones, como el pago de bonos especiales para los sectores más vulnerables (AUH, AUE, jubilados que cobran la mínima, personas con discapacidad, entre otros) y a los sectores que enfrentan la crisis sanitaria en primera fila, como son las y los trabajadores de la salud, de seguridad y las Fuerzas Armadas.
«En paralelo, el Gobierno tomó una serie de decisiones adicionales destinadas a contrarrestar el incremento de los gastos para las familias y las empresas, entre ellas, el congelamiento de las tarifas y la suspensión temporaria por falta de pago de los servicios públicos, el congelamiento de los alquileres, el pago en cuotas de los saldos de las tarjetas de crédito, la carga semanal de la tarjeta Alimentar, la suspensión de los desalojos y los préstamos a tasa fija para el pago de la nómina salarial y capital de trabajo con garantía estatal», se lee en el documento.
El decreto faculta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a superar los límites impuestos por la ley para modificar partidas presupuestarias, siempre y cuando sean necesarias para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus. También podrá retirar los fondos necesarios que «excedan los necesarios para el normal funcionamiento de la AFI» y destinarlos a políticas nutricionales, educativas o de salud.
A fuerza de ceros y de millones, el Gobierno formalizó el aumento del gasto público. Se esperaba. Llegó.
