Según los abogados que representan al país, sólo con no retirar la propuesta el tiempo se extenderá automáticamente. Guzmán afirmó que están dispuestos a negociar intereses, plazos y capital. No una RUFO.
De tomar hoy la decisión Alberto Fernández de dejar de lado la oferta original diseñada por Martín Guzmán para reestructurar la deuda emitida bajo legislación internacional, la fórmula que recomendó ayer el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) es simple: Argentina simplemente debería anunciar a la Security and Exchange Commission (SEC) que no retira la propuesta original diseñada por Martín Guzmán y que descansa sin mayor fortuna en las aceptaciones privadas. Y que la propuesta que quede como la formalmente rechazada sea la original presentada el 15 de abril ante las autoridades de Wall Street.
Dicho de otra manera: no habrá cambios sustanciales en las próximas horas en cuanto a la oferta ante la SEC; sino que se mantendrá la propuesta original hasta que se llegue a un acuerdo final. Si esto no sucede antes del 22 de mayo (probablemente la nueva fecha límite), la propuesta que quedará en el recuerdo como la del ingreso al default, será la primaria diseñada por Guzmán.
La situación quedará definida hoy, cuando Alberto Fernández, personalmente, tome la decisión final sobre qué hacer con el vencimiento, a partir del informe que le entregue su ministro de Economía, reiteradamente empoderado por el jefe de Estado para que continúe, pese a las críticas, al frente de las negociaciones con los bonistas. La orden a CGS&H dependerá de que antes del cierre de la operatoria de la SEC, llegue a oídos de Lazard (el banco asesor contratado para mediar entre la Argentina y los tenedores de deuda), una propuesta que se enmarque en lo que el Gobierno propone como oferta “sustentable”. Aquí hay un problema de caballeros para avanzar en una nueva etapa.
Mientras el Gobierno exige que la o las propuestas de los fondos lleguen antes de pedir la extensión del plazo, desde los privados se quiere que sea Guzmán el que de el primer paso y deje de regir la fecha tope de hoy. Otra vez, cuestiones del “Póker de mentirosos” que debería resolverse sin problemas antes de las 16 de Nueva York. No será por esto (o no debería serlo) que el país llegue a un default.
Con la coraza reforzada por Alberto Fernández, Guzmán blanqueó lo ya adelantado por este diario: el Gobierno se apresta a recibir una oferta de parte de los bonistas, única y atomizada, ya que existen varias y serias diferencias entre los mismos fondos de inversión, según el tipo de bono que posean. Los más proclives a un acuerdo son los tenedores de títulos públicos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri con vencimiento en 2030; mientras que los más chúcaros y rebeldes a cualquier acuerdo son los poseedores de deuda emitida para salir del default del 2001 durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En el medio, con dudas, se encuentran los poseedores de deuda con vencimientos posteriores al 2030. En el primer caso, se asegura, la aceptación general de los privados (sin tener en cuenta las posesiones de organismos públicos) a la oferta del Guzmán superaba el 45%. En el último caso, arañaba el 20%. Los tenedores de deuda emitida durante el kirchnerismo que avalaban la oferta de Guzmán, no llegaban a los dos dígitos.
Ayer el ministro de Economía blanqueó oficialmente que está dispuesto a recibir la o las propuestas privadas, con una actitud más amistosa y flexible que la que mostró durante todo el proceso que se inició en abril. El funcionario dijo que “estamos dispuestos a considerar cualquier combinación de reducción de intereses, reducción de capital, extensión y vencimiento del periodo de gracia que respete las limitaciones que definen lo que es sostenible”. En declaraciones a la agencia Bloomberg, dijo además que “somos flexibles en términos de combinaciones de parámetros. La esencia es la sostenibilidad”, en sintonía con lo que ya había mencionado un día antes en su exposición virtual al seminario organizado por la Universidad de Columbia donde dio cátedra junto con Jeffrey Sachs. La declaración implica que el gobierno está dispuesto a escuchar lo que los privados proponen, por escrito y membretado. Como dijo el mismo funcionario, está dispuesto a negociar los intereses finales, el nivel de quita de capital de 5,4%, las extensiones del mix de bonos propuestos y hasta el período de gracia fijado hasta fines de 2023, año en el que Argentina pagará unos u$s300 millones.
En gran parte coincide con lo que quieren mejorar los bonistas. Estos plantean la evaluación de un pago extra sobre el crecimiento argentino desde 2023 (estilo cupón PBI o similar), dejar de lado 100% la quita de capital de 5,4%; el reconocimiento de algún tipo de interés durante el período de gracia hasta el 2023, algún tipo de resarcimiento para el Bono Global cuyo vencimiento comenzó a correr desde el 22 de abril, y un primer pago simbólico de cupón en 2022 o a comienzos de 2023. En principio, según lo que declaró ayer Guzmán a Bloomberg, todos estos capítulos, juntos, combinados o solos, podrían discutirse. Sin embargo, hay dos puntos en los que el Economía no está dispuesto a ceder. El primero es la aplicación de la cláusula RUFO, especialmente para los vencimientos posteriores al 2047.
El segundo es que se elimine la cláusula que permite la reasignación de resultados en la aceptación una vez terminado el canje. Según Economía, si la intención de los bonistas es cerrar un acuerdo negociando de buena fe, no se enciende que busquen eliminar una cláusula que lo que busca es mantener posibilidades ciertas de defensa jurídica ante eventuales juicios en Nueva York. Otra vez, el “Póker” en su máxima expresión.
