El proceso terminará el próximo 24. El 4 de septiembre se emitirán los nuevos bonos.
El Gobierno y los acreedores con deuda emitida bajo jurisdicción internacional comenzarán desde hoy a transitar el primer día del fin de la negociación. La frontera a la que deberá llegar Martín Guzmán ahora, con un clima obviamente más distendido, será a lograr el mayor porcentaje posible de aceptación. Se descarta que se superará el 75%; el nivel necesario para despejar los peligros judiciales en los tribunales de Nueva York, amparados por una baja adhesión del canje. Cuando la suma de los adherentes supere el 85% en la cantidad de bonistas con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional durante los canjes de 2005 y 2010, y el 65% de los lanzados luego de 2016 el temor de presentaciones judiciales por no haber logrado los mínimos requeridos para formar mayorías estará liberado.
Pero la intención del Ministerio de Economía es la de acercarse lo máximo posible al 90% de avales; para que el proceso de reestructuración de los u$s66.000 millones tenga el respaldo final más abultado posible. Y que quede en la jurisprudencia del mercado de capitales de Nueva York como un proceso de reestructuración de deuda soberana sólido e inquebrantable. Para esto, el Gobierno iniciará un proceso acelerado de contactar a la mayor cantidad de inversores particulares, quienes no están representados por ninguno de los tres grupos de bonistas que firmarán el acuerdo final y que detentan entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.
Guzmán ahora tendrá el tiempo a su favor. El límite de aceptación está ahora fijado para el 24 de agosto, con un “settlement” para la emisión del nuevo mix de bonos estipulado para el 4 de septiembre. Ese será entonces el día de la foto final del apretón de manos que, después de una batalla que quedará en la historia de las reestructuraciones de deuda soberana, tanto esperan en Buenos Aires y Wall Street. Y como se prometieron entre las partes, con Alberto Fernández como el ganador político. En este punto no hay problema por parte de los acreedores. Siempre tuvieron el foco en que lo importante era un acuerdo con el que perdieran la menor cantidad de dinero posible sin importar quién quede como el principal artífice de la fumata final.
En el Palacio de Hacienda se asegura que el nivel del 80% de aceptación está garantizado. Y que la nueva meta podría acercarse al 90% de avales. El primer paso para comenzar con el operativo de suma de adhesiones, será terminar de redactar, en conjunto con el estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), la adenda ante la Security and Exchange Commission (SEC) para que las modificaciones a la oferta vencida el viernes pasado sea legalmente modificada. Sólo es un paso burocrático y formal, pero necesario e imprescindible para que en Wall Street el proceso sea legal y formal.
A partir de ese momento se abrirá el cuaderno de adhesiones. Se trata, literalmente, de una libreta formalizada vía escribano y bajo declaración jurada, de la aceptación por parte de los bonistas y el gobierno argentino de las condiciones de pago y las formas de liquidación. Estas, hacia delante, no podrán ser modificadas por las partes, y si la Argentina consigue las mayorías necesarias, cerrará la alternativa de los bonistas para hacer juicio. Los tenedores de la nueva deuda sólo podrán reclamar mejoras en el caso que el país decida pagarle más dinero o mejores condiciones a los titulares de deuda que no adhieran al canje; derecho incluido en la nueva versión de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), la que estará vigente por una plazo de tiempo no menor a cinco años. Se supone que ya desde la próxima semana el proceso de suma de adhesiones se acelerará, con lo que Guzmán comenzará a contabilizar los ingresos de los fondos de inversión que están representados por el AdHoc, Exchange Bondholders y el Comité de Acreedores.
Si bien la firma de la adhesión es secreta y bajo juramento de confidencialidad, podrá saber Economía cual del listado de más de 80 fondos de inversión se van incorporando a la propuesta. Más rápido o más lento en el tiempo, el Gobierno podrá contabilizar los ingresos de Fidelity, Monarch, Gramercy, Pharo Managment, Redwood Capital, Oaktree Capital, VR Capital, HBK, Pimco, Mangart Capital, Amundi, BlueBay, Rowe Price, Western Asset Management, Wellington, Alliance Bernstein y Cyrus; además de, obviamente, BlackRock, el principal contrincante dialéctico que los negociadores de Martín Guzmán tuvieron frente a frente desde abril en las interminables batallas de telenegociación entre el Palacio de Hacienda y la oficina de la abogada Jennifer O´Neil, la profesional contratada por Larry Fink, que, finalmente, cerró un muy buena relación personal con Guzmán. Ambos se juramentaron poder conocerse personalmente y hablar de las anécdotas del acuerdo, una vez que la pandemia permita los viajes.
Sabe Economía que habrá holdouts. Se tiene el dato en Buenos Aires de que alguno de los fondos de inversión que integran los grupos AdHoc y el Exchange no aceptan la oferta y piden aún mejores condiciones. Y que incluso están en una actitud de rebeldía ante BlackRock. Se supone que estos fondos esperarán hasta último momento para saber si la Argentina consigue las mayorías necesarias, para luego decidir ingresar al canje ante la impotencia teórica por avanzar en juicios ante Wall Street. Una capítulo particularmente interesante para seguir, será la actitud que adopten dos fondos en particular: Ashmore y Autority. Se trata de los dos protagonistas de la resistencia más dura contra el país. El primero incluso fue el autor de la frase “deudor recalcitrante”, con la que se lo atacó a Guzmán en varias etapas de la discusión. Economía quiere conocer si antes del 24 de agosto estos fondos ingresan. Si lo hacen será para el ministro una especie de victoria estratégica y dialéctica.
En medio de la suma de los fondos de inversión, el Gobierno avanzará en un proceso de convencimiento para los tenedores particulares que están dispersos por el mundo financiero, y que no están representados por ninguno de los tres grupos de acreedores. En general se trata de inversores que poseen los bonos argentinos como activos elegidos durante los años de Mauricio Macri en el poder, o que aceptaron los canjes de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y que no están bajo custodia de ningún fondo de inversión. Será la próxima tarea de la que se deberán ocupar el banco Lazard, a punto de terminar exitosamente su tarea de intermediario, función que ya cumplió dos veces en la historia de las reestructuraciones locales, luego de haber sido contratado también por el kirchnerismo para esta tarea. Podrán intervenir también en la detección y convencimiento de tenedores particulares, el Bank of América y el HSBC, con contactos directos en todos los bancos colegas de Wall Street, donde en general están los clientes con deuda argentina. En las últimas horas hubo reconocimientos también a los dos bancos contratados como colocadores de la deuda. Se sabe en Economía que las dos entidades se volcaron en los últimos tiempos a favor de la aceptación de la oferta que Guzmán presentó en julio ante la SEC, criticando la actitud de BlackRock y compañía.
