La semana abrió con la presentación del nuevo cuadro tarifario del servicio eléctrico, con aumentos que promedian el 540%. Mientras tanto, la polémica en torno a los precios de la carne en los supermercados continúa, y motiva ahora la reactivación de la Comisión de Defensa de la Competencia, que podría formalizarse la semana próxima. Sin confirmaciones aún, la comisión podría tener autoridad para detectar y regular aumentos injustificados. En el mismo sentido, el gobierno nacional ha desarticulado límites a las tarifas aéreas, generando aumentos que alcanzan un 30%. Los números de inflación para enero no reflejarán aún ninguno de estos ajustes —FIEL ha medido un aumento de 3% para su canasta básica, y Elypsis un 2,8% —, pero el guarismo de febrero/marzo podría acelerarse considerablemente.
El conflicto social generado por estos aumentos en el costo de vida dificulta la actual negociación de paritarias. El gobierno busca cerrar estos aumentos en el rango de la meta de inflación del BCRA —20 a 25 por ciento—, mientras la mayoría de los gremios reclama aumentos mayores al 30%. Las negociaciones pasarían ahora a considerar reducciones en el impuesto a las Ganancias y sumas fijas, para que las expectativas de los trabajadores se pongan en línea con las del BCRA.
La caída del salario real se sumará en el primer trimestre a una caída en el empleo: según declaraciones oficiales del Ministro de Modernización, los despidos en el Estado suman más de 6.000 puestos. El conflicto del sector petrolero en Chubut se destrabó esta semana, después de que se alcanzara un acuerdo entre la provincia, las empresas, el Estado Nacional y los gremios. El Estado pasará a subsidiar 10 dólares por barril exportado, y las empresas mantendrán puestos de trabajo con suspensiones pagas.
En el ámbito monetario, una noticia importante fue la suba de la calificación de la deuda en moneda local por parte del S&P, de CCC+ a B-. Este guiño, sumado a avances en la negociación con los Holdouts, podría abrir el camino a un aumento de la deuda pública en poco tiempo.
En el ámbito internacional resaltaron buenos datos de desempleo en Estados Unidos —los menores de los últimos 8 años—, y una aceleración de la inflación en Brasil, que la ubica en enero en 1,27% intermensual.
A la espera de la deuda
Con el primer mes del año terminado los datos del Banco Central muestran que la base monetaria se ha contraído en 35.500 millones de pesos, un 6% de la base al cierre de enero. Esto no es ninguna sorpresa dado que desde que asumió el gobierno de Macri, las nuevas autoridades a cargo de la entidad monetaria declararon en reiteradas ocasiones que el objetivo número uno que perseguirían sería la desaceleración del aumento de precios mediante el manejo de los “agregados monetarios”. Y justamente con una emisión que llegó a un pico del 45% con la herencia de Vanoli, “manejar los agregados” no implicaba otra cosa que comenzar a absorber gran parte del dinero que se había lanzado al circuito en el último tiempo. De este modo, durante el mes de enero, el BCRA logró aspirar mediante sus títulos de deuda casi 50.000 millones de pesos.
Que el Banco Central estaba aspirando dinero del mercado no es una novedad ya que se lo podía ver en las licitaciones de letras que la entidad realiza los martes de cada semana. Lo novedoso se encuentra a la hora de analizar el comportamiento de los distintos factores que explican la variación mensual de la base monetaria y, en particular, el del sector público. Según el desagregado del mes de enero, el sector público fue responsable por solamente 186 millones de pesos, una cifra insignificante en comparación al primer mes de 2015 y 2014. En estos dos años anteriores, los giros del Central al Tesoro para cubrir su déficit habían sido de 4.800 y 8.500 millones respectivamente.
¿Indica este dato que el sector público ha comenzado a endeudarse para cubrir el rojo o que incluso ha solucionado su problema de déficit? Ni una cosa, ni la otra. El único intento de endeudamiento que se hizo en el mes fue declarado desierto y pensar que el resultado de enero fue equilibrado sería algo muy sospechoso luego del grave panorama fiscal que presentó Prat Gay en su última conferencia de prensa donde, además, dejó en claro que la estrategia para equilibrar las cuentas públicas será gradual y demandará los cuatro años del gobierno de Cambiemos.
No quedan dudas entonces de que la explicación a este fenómeno se encuentra en lo que se denomina “deuda flotante”: obligaciones que no son canceladas y su pago es retrasado en el corto plazo a la espera de “caja”. Probablemente lo que el equipo económico está esperando es una solución al problema de los holdouts, lo que posibilitaría a Argentina a volver al mercado internacional de deuda y con tasas más bajas que las que debería enfrentar hoy en caso de conseguir financiamiento. Además, esta estrategia ayudaría momentáneamente al BCRA en su esfuerzo por retirar liquidez del mercado.
¿Cuáles son los escenarios posibles a futuro?
- Si el gobierno consigue resolver rápidamente el litigio en Nueva York y, de este modo, vuelve a tener acceso al crédito internacional, la “deuda flotante” podría saldarse con una “caja” financiada internacionalmente. Si bien el Ministro de Hacienda declaró que la asistencia del Central no se cortará en este año, la entidad podría transferirle la misma cantidad de pesos que en 2015 (178.000 millones) y el resto de las necesidades se cubrirían con deuda. De este modo Prat Gay habría conseguido ayudar a Sturzenegger a lograr la meta de inflación de 20%/25% para el año.
- Si el conflicto con los holdouts no encontrara solución rápida, el equipo económico tendría dos opciones: recurrir a la emisión monetaria con mayor intensidad que la planeada e incumplir con las metas de inflación impuestas por él mismo; o recurrir al endeudamiento interno (directamente o vía Lebacs del BCRA) provocando una reducción de la liquidez y un alza de tasas, lo que generaría un fenómeno de “crowding out” (desplazamiento del sector privado del mercado de crédito) ya observando en parte en enero, impactando directamente en el nivel de actividad económica. Es decir que los riesgos de no conseguir deuda externa son los de no lograr reducir la inflación, provocar una caída en la actividad e incluso una combinación de ambas.
En pocas palabras, el gobierno está a la espera del regreso de la deuda externa para financiar el gradualismo fiscal que decidió como política para corregir el desequilibrio fiscal. Lamentablemente, el éxito o fracaso de la estrategia no depende únicamente de los nuevos ministros.
Fuente: http://www.invecq.com/apps/docman/descargar.php?uid=b1b1c18016&id=119&show=inline
