Así lo afirma una encuesta de la consultora Amplificagro. Además, el 81,3% sostiene que el Gobierno no tiene “derecho” a realizar subas en los derechos de exportación, mientras que la imagen negativa del ministro Julián Domínguez escala a 77,7% en el sector.
La suba de retenciones a los subproductos de la soja que realizó el Gobierno en las últimas semanas parece haber sido la gota que rebalsó el vaso y disparó un nuevo conflicto entre el campo y el oficialismo, que ya no se limita al cese de comercialización de granos o ganado como método para mostrar su disgusto, sino que el sector empezó a desplegar diferentes estrategias para buscar doblegar la decisión del Ejecutivo, tanto políticas como de protesta.
Si bien el rechazo a la medida es generalizado y se entiende que es amplio, era necesario también poder mesurarlo. Es por eso que la consultora Amplificagro realizó una encuesta a casi 700 productores respecto a qué pensaba el sector sobre la iniciativa del Ejecutivo e incluso sobre quienes impulsaron la misma. Y los resultados fueron abrumadores.
Según el trabajo, la desconfianza de los productores hacia el Gobierno llega a niveles muy altos. Por ejemplo, el informe arroja que el 95,3% de los casos relevados entiende que la medida no tiene como finalidad combatir la inflación a partir de la implementación de un fideicomiso de trigo como esgrimieron varios funcionarios nacionales, sino que su naturaleza es pura y exclusivamente recaudatoria.
Asimismo, el 97,5% de los productores encuestados descreen de la “temporalidad” de la medida, como aseguró el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, mientras que un efímero 0,8% piensa que esa aseveración es “totalmente o bastante creíble”. Pero, al mismo tiempo, tampoco creen que la medida sea legítima, ya que, según el relevamiento, el 81,3% entiende que no están entre los “derechos” del Ejecutivo elevar las retenciones.
Pero más allá de la medida y su descrédito, los productores tampoco consideran que desde la cartera agropecuaria se busque “protegerlos” y descreen abiertamente sobre la frase de Domínguez de que “la filosofía de este ministerio es defender a la gallina de los huevos de oro”. Tal es así que el 87,7% aseguró que la misma tiene “poco o nada de cierto”, mientras que el 5,9% piensa que “totalmente o bastante cierto”.
Por supuesto que semejantes resultados tienen una mella en la consideración de los productores respecto al funcionario nacional oriundo de Chacabuco. Según el informe, la imagen negativa de Domínguez escala al 77,7%, de los cuales el 44,6% entiende que es “muy mala” y el 33,1% piensa que es “mala”. Además, un 11,5% cree que “no es ni buena ni mala”, mientras que 7,2% sostiene que es “buena” y el 2,4% que es “muy buena”.
Para el cofundador de Amplificagro y director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, explicó a Infobae que “hay un consenso generalizado de que las decisiones tomadas por el Gobierno nacional en materia de aumento de derechos de exportación tienen prioritariamente un objetivo recaudatorio y no antiinflacionario ya que el 95% de los productores consultados así lo consideran”.
Pero también remarcó la desconfianza existente en el sector ante la veracidad de las medidas, como la naturaleza “temporal” del aumento de retenciones. “Más del 95% consideró a esas afirmaciones como poco o nada creíbles, lo cual marca una sensación casi unánime de que las medidas llegaron para quedarse, sobre todo en el marco del programa con el FMI que implica la necesidad de alcanzar metas de reducción del déficit fiscal”, sentenció Romero.
Presión fiscal
Por supuesto que la desaprobación sobre la medida y el descreimiento casi total sobre su naturaleza y propósito tiene como raíz el severo problema que tiene el campo con la presión fiscal que debe afrontar, en especial, la que deviene de los derechos de exportación, un impuesto cuyo peso es muy relevante dentro del gran conglomerado de tributos que debe pagar el sector.
Por si queda alguna duda al respecto, la encuesta reveló que el 99,2% de los productores encuestados sostienen que la presión fiscal que ejerce el Estado sobre el sector es “muy alta o alta”, mientras que el 0,4% cree que es “baja o muy baja”. Pero, inclusive, los mismo agricultores y ganaderos entienden que si se eliminaran las retenciones, se podría compensar esa recaudación en otros impuestos por la suba de la producción.
Al respecto, el confundador de Amplificagro, Hernán Satorre, detalló que el 71,4% de los encuestados consideran que si se eliminasen los derechos de exportación se incrementaría la producción hasta el punto en que con los otros impuestos (ganancias, ingresos brutos, etc.) se compensarían los ingresos tributarios. Por otro lado, el 22,7% considera que de eliminarse los derechos de exportación se incrementaría la producción, pero estos no alcanzarían a compensarse con los otros impuestos. Mientras que el 5,1% sostiene que no no se darían ninguna de las dos situaciones.
Además, Satorre agregó respecto a la incidencia de las retenciones en la producción que “es importante entender que éstas impactan sobre el precio interno también, no sobre el precio exportable únicamente” y que “estos derechos generan que el precio interno percibido por el productor sea menor. Así, si se aumentan los derechos de exportación, bajan los precios y genera menos incentivos a producir, pudiendo disminuir la producción y por lo tanto un aumento posterior del precio”.
“Es decir, si la oferta disminuye y la demanda se mantiene constante, entonces es de esperar que el precio aumente para corregir esa distorsión. Por otro lado, también hay que comprender que esta menor producción significa menos empleo, menos fletes, menos movimiento económico y menos ingresos de dólares por exportación”, concluyó.
En donde no hay tanta coincidencia es en cómo lograr que el Gobierno no sume más presión fiscal al sector. Allí, el 26,4% cree que es a partir de “concientizar” a la gente en el debate público; el 22,1% piensa que es consensuando con la oposición; el 19,1% con cese de comercialización; el 18,9% impulsando movilizaciones; y solo el 3,7% llevando a cabo una mesa de diálogo.
