Mientras en varias actividades se renegocian los salarios, la inflación marca un nuevo pulso.
En los últimos doce meses la inflación acumuló una suba del 70,6%, impulsada por el incremento de costos de la medicina privada y los precios de la indumentaria, según un estudio de Orlando J. Ferreres & Asociados. Así, se encamina, según los analistas, a cerrar el año en torno al 90% de inflación.
Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado que publica el Banco Central, la inflación para todo el año va a ser del 90,2%.
El próximo 14 de septiembre el INDEC informará el Índice de Precios al Consumidor, en medio de la preocupación del Gobierno y los gremios por el alza de este indicador clave para definir la canasta de pobreza. De acuerdo con Ferreres, la inflación de agosto fue del 6,7% mensual. Por otra parte, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 6,1%, marcando un aumento de 73% anual. Otras consultoras privadas señalan que la inflación de agosto se va a ubicar en torno al 6,5%.
En lo que va del año, la inflación general acumulada según Ferreres fue de 50,9%, mientras que la núcleo acumuló 51,8% en agosto.
Los datos de Ferreres surgen de su Estimación de Precios Minoristas (IPC-OJF) que consiste en el relevamiento diario de más de quince mil precios de bienes y servicios de GBA, que alimentan la base de datos que permite estimar mediante el uso de ponderadores el incremento general de precios minoristas.
Según este informe, salud e Indumentaria encabezaron las subas del mes, registrando un alza de 11,6% y 10,4% mensual, respectivamente, seguidos por alimentos y bebidas, que presentó una variación de 6,8%.
Pasaron cuatro semanas desde que el presidente Alberto Fernández dijo que convocaría a gremios y empresas a suscribir un acuerdo de precios y salarios para frenar el deterioro del poder adquisitivo por la inflación, pero la posibilidad de un convenio de ese tipo se evaporó con el correr de los días.
Sectores del peronismo ya explicitaron que quiere un aumento de suma fija que eleve el piso de la escala salarial. Pero la idea encuentra detractores no solo en el empresariado, sino también en gremios de peso y en algunos funcionarios que advierten por el gasto fiscal y el riesgo de que el incremento de los haberes de los empleados se trasvase a precios.
