Más allá de la especulación sobre los tiempos para firmar un nuevo programa, estos son el diagnóstico y las premisas de Washington para permitir que el país aplace el pago de su deuda de USD 45.000 millones
Más allá de los tiempos, tarde o temprano el gobierno argentino firmará un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el pago de la deuda de USD 45.000 millones en un plazo de 10 años.
Mientras que algunas versiones dan cuenta de que ahora el Gobierno cambió de opinión y ya no quiere firmarlo en mayo, como afirmó varias veces el ministro Martín Guzmán, sino después de las elecciones de octubre, lo cierto es que la Argentina no quiere pagar los vencimientos de capital entre este año y 2023. Por lo tanto, necesitará otro programa, más allá de lo que haga con el pago de los USD 1800 millones del 22 de septiembre (que podría cubrirse eventualmente con la emisión de los DEGs prevista por los países socios del organismo).
Bajo esta premisa, estas son las 10 premisas y el diagnóstico del Fondo sobre la situación argentina y cómo debería corregirse con la firma de dicho programa, según pudo saber Infobae de calificadas fuentes en Washington.
1 – Desequilibrios macroeconómicos: el Fondo cree, como lo expresó el año pasado, que el país tiene importantes desajustes en materia fiscal y monetaria que deben ser corregidos, tomando en cuenta el contexto de la pandemia, pero con una dirección unívoca.
2 – Inflación: Creen que la persistente suba de los precios al consumidor -que ubica a la Argentina como el segundo país con mayor inflación de la región- debe ser atacada de raíz con instrumentos macroeconómicos, tal como se hace en el resto de los países. La inflación es alta por los desequilibrios del país, más allá del efecto coyuntural de la suba del precio de las materias primas que juega su rol, aunque acolchonado por las retenciones a las exportaciones.
3 – Déficit fiscal: creen que la meta del presupuesto nacional no es ambiciosa (4,5% del PBI) y que hay que hacer un esfuerzo mayor, no sólo del aumento de los recursos tributarios, sino también del gasto público, pero todo dependerá del nivel de crecimiento económico de este año y del paquete de reformas que implemente el Gobierno, con o sin acuerdo con el FMI.
4 – Brecha cambiaria: aunque la brecha bajó respecto de su pico de agosto pasado y se estabilizó en torno del 60%, el FMI cree que todavía es alta y conlleva riesgos de una nueva disparada si no se eliminan los problemas de fondo. La persistencia de tipos de cambio múltiples desincentiva la mejora de los indicadores en el comercio exterior y es un riesgo para la cuenta corriente, afirman.
5 – Emisión monetaria: se valora el esfuerzo del equipo económico para reducir la velocidad de emisión, aunque consideran que el programa previsto para este año todavía genera riesgos de multiplicar los desequilibrios mencionados.
6 – Aumento de las reservas del Banco Central: aunque el equipo técnico de la entidad que preside Miguel Pesce destaca el aumento de las reservas, en realidad en buena medida esto se da en un contexto de duro cepo, que el Fondo aprueba solo en términos transitorios. La prueba de fuego sería ver si el Central logra aumentarlas con menos controles, en un marco de reactivación.
7 – La reforma del Estado: dentro del capítulo de las cuestiones estructurales que van dentro de un acuerdo de facilidades extendidas como el que quiere firmar el Gobierno, el organismo multilateral quiere observar una mayor eficiencia en el sector público. Es necesario, se afirma, que el sacrificio necesario para que la economía vuelva a crecer se reparta en forma equitativa entre el sector privado y el Gobierno.
8 – Aumento de la inversión: el Gobierno debe brindar un rumbo claro y categórico para que retorne la confianza y la economía crezca en forma sostenida. Los precios de los bonos argentinos reflejan actualmente todo lo contrario al ubicar al país en el tope del ranking de riesgo país.
9 – Reforma impositiva: el equipo económico prometió el año pasado que plantearía a la sociedad una reforma tributaria que nunca dio a conocer. En cambio, se ha conocido una iniciativa para reformar parte del impuesto a las ganancias que fue diseñada por el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa. En paralelo, se permitió que las provincias aumentaran nuevamente sus tasas de ingresos brutos, rompiendo una vez más un pacto fiscal firmado hace menos de cuatro años.
10 – Más allá de cada cuestión por separado, el nuevo programa debe funcionar como un todo para asegurar que la Argentina no vuelva a caer en otra crisis de deuda en el corto plazo. Es decir, se tomará en cuenta el pedido de flexibilidad que hizo el Ministerio de Economía, pero con límites, por dos cuestiones: la Argentina tiene un récord de programas firmados y no cumplidos con el organismo y, por otro lado, el resto de los países que han acordado programas durante el último año han aceptado las condiciones vigentes para acuerdos de este tipo. La posibilidad de otorgar una excepción -el staff ya manifestó su desacuerdo con el crédito otorgado al gobierno de Mauricio Macri, que se concedió por presión de la administración Trump- sentaría un mal precedente que podría generar el reclamo de otros gobiernos.
Cuatro fuentes consultadas en Washington -el organismo no quiso dar su versión al respecto- indicaron a Infobae que, más allá de la empatía retórica de la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, hacia el Gobierno, no habrá un trato diferencial. Sí puede haber una mayor celeridad para la negociación, pero eso no asegura que pueda haber un acuerdo si el staff y, sobre todo, los países más relevantes del organismo consideran que no se cumplen las premisas para firmarlo. Esto implica, un programa económico consistente en términos monetarios y fiscales, como lo plantearon tanto Georgieva como el staff.
“El FMI ha hecho muchos acuerdos en el último año a raíz de la crisis económica de la pandemia, con exigencias para cada uno de los países que los firmaron. Si cerrara un acuerdo más flexible con la Argentina, enseguida el resto de los gobiernos le va a reclamaría un trato igualitario, con menos exigencias”, explicó una fuente con acceso a las negociaciones.
“Si el país no implementa ninguna de las reformas que le está pidiendo la comunidad económica internacional, tendrá problemas en sus reservas, cambiarios y fiscales, lo cual repercutirá en el tamaño y la sustentabilidad de su recuperación”, agregó la fuente.
Otra fuente colocó un matiz: aclaró que, por la pandemia, posiblemente se acepte el “gradualismo” del ministro Guzmán para bajar el déficit fiscal al 4% del PBI este año, sobre todo si se mantiene la tendencia a la suba de la recaudación, por la reactivación, la suba de las materias primas y la mayor presión fiscal. Pero esto no significa, aclaró de inmediato, que no se pidan condiciones más exigentes para 2022 en adelante, dado que será un acuerdo, como quiere el Gobierno, a 10 años.
“Hay buena predisposición del staff y de la junta de directores para que haya un acuerdo, sobre todo porque ven buena voluntad en el ministro Martín Guzmán, aunque temen por lo que pueda hacer la vicepresidente Cristina Kirchner”, agregó, con conocimiento de las tensiones internas del oficialismo.
Este decálogo suena amplio –en realidad es más extenso, dado que un AFE requiere otras medidas estructurales– pero parte de la base del deseo del gobierno de reprogramar la deuda a largo plazo. Si quisiera menos requisitos, podría optar por otro stand by, como el que se firmó en 2018, pero tendría menos años para repagar. Lo que no puede, afirman en Washington, es gozar de más tiempo a cambio de menos exigencias.
