El magistrado rechazó un pedido de holdouts para posponer el fin de los bloqueos. Valoró el «completo cambio de actitud» argentino y que el 85% de los bonistas aceptó oferta.
El juez de Nueva York, Thomas Griesa, desechó ayer un pedido de los fondos buitre para posponer por treinta días el levantamiento de las sanciones a la Argentina y ratificó que eliminará las trabas que impiden al país pagar sus vencimientos de deuda reestructurada no bien el Congreso derogue las leyes Cerrojo y la administración de Mauricio Macri gire el efectivo a los bonistas con títulos en default que aceptaron la propuesta de pago, que representan al 85% del total de las demandas.
Así lo dejó en claro en un fallo contundente un día después de una audiencia con todas las partes. En su orden, el magistrado pidió a los litigantes facilitar los acuerdos y rechazó planteos de discriminación realizados por pequeños bonistas.
Griesa dijo que levantará las medidas cautelares que impiden al país pagar su deuda si «la República repele los obstáculos legislativos al acuerdo» con los bonistas (esto es, si el Congreso deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano) y el país paga a los acreedores que aceptaron la propuesta con quita de entre 25% y 30% hasta el último día de febrero. Así lo había estipulado de forma indicativa tres semanas atrás.
Pero el magistrado fue más allá. Luego de una audiencia de dos horas en las que escuchó a representantes legales de distintos holdouts y del país, Griesa consideró que existen tres razones que hacen que «las medidas cautelares (a favor de los fondos buitre) alguna vez equitativas, ya no lo son». Primero, enumeró, que el 85% de los reclamos ya aceptaron una propuesta de pago, por unos u$s 6200 millones. Segundo, celebró un «completo cambio de actitud» del país, que «abandonó todos los desafíos previos» a sus órdenes judiciales. Y, tercero, que el presidente Macri «urgió al Congreso argentino a aprobar los acuerdos».
Griesa sostuvo que otorgar el plazo extra de un mes que solicitó Ted Olson, abogado del fondo NML Capital (que aceptó el trato) podría «erosionar seriamente» la habilidad de la República para conseguir el capital necesario para pagar en el mercado. Y que es necesario dar certezas a los legisladores: «El Congreso argentino debe saber dónde se encuentra parado, y todas las partes deben actuar diligentemente para consumar estos acuerdos», consideró.
Y si bien aceptó que los holdouts pueden apelar su orden, pidió no poner obstáculos al país ya que, recordó, «los cuatro mayores tenedores de bonos acordaron un pago para mediados de abril». NML, Aurelius y otros grandes bonistas firmaron un acuerdo con el país en el que dan plazo hasta el 14 de ese mes para recibir los u$s 4635 millones correspondientes a sus demandas.
El juez también dedicó unas líneas de su orden a los pequeños bonistas (el llamado Grupo Varela, compuesto por trece tenedores de deuda argentinos), que dijeron sentirse discriminados por el Gobierno durante las negociaciones. «Los reclamos efectuados por ciertos demandantes de que ellos no tuvieron oportunidad para negociar son exagerados», afirmó. Y remarcó que el levantamiento de las sanciones «en modo alguno impide que otros acuerdos tengan lugar», ya que la oferta de pago del país quedará abierta.
El gobierno de Macri negocia con un grupo de bancos para colocar en el mercado dos o tres series de bonos y así captar hasta u$s 15.000 millones para pagar los reclamos en efectivo y poner punto final al default de 2001. Hasta el momento, el Ejecutivo resolvió reclamos por casi u$s 10.500 millones, contando los litigios en Nueva York y al grupo de bonistas italianos que, sin sentencia a su favor, recibirá u$s 1350 millones por sus títulos impagos.
