En Olivos se asegura que ese es el límite, ahora avalado por el FMI. La aceptación superaría el 50%, dicen en el Gobierno.
Será una decisión personal de Alberto Fernández. Martín Guzmán ya le entregó al Presidente los cálculos econométricos y financieros sobre el costo que tendrá para el país el diseño de la oferta final que se les presentará a los acreedores con deuda emitida bajo legislación internacional. Con un esfuerzo definitivo, podrá llegar al 49,9% del Valor Presente Neto (VPN), incluyendo el cálculo de lo que debería liquidarse en el caso en que también se emita dentro de la oferta un cupón PBI o similar. Este porcentaje es el límite de lo que autorizó y avaló el fondo Monetario Internacional (FMI) en el documento del equipo técnico del lunes, y será la frontera máxima que están dispuestos a ofrecer desde el Ministerio de Economía. Hasta ayer la oferta oficial llegaba al 47% del VPN, con lo que la mejora sería de unos 3 puntos porcentuales. Medido en dinero, serían entre u$s2.000 y u$s3.000 millones más sin contar el cupón, lo que dependerá, obviamente, de la evolución de la economía argentina.
Por su parte, los acreedores (con matices importantes) se mantienen en un reclamo promedio de 55%, con lo que ahora serán los tenedores de deuda los que deberán hacer el mayor esfuerzo (perder de ganar dinero) para acercar posiciones. En dólares, las distancias por ahora se miden entre u$s4.500 y u$s5.000 millones para cerrar un acuerdo final. Lo que se especulaba dentro del Gobierno es que, si se contabilizada a hoy el nivel de apoyo, el aval a la oferta actualizada que elaboró Economía superaría el 50% y se acercaría al 60%. Nada mal para un inicio que al 8 de mayo se estancaba por debajo del 19%.
Cerca de Alberto Fernández se afirmaba ayer que un acuerdo siempre deberá tener un 4 delante. Esto le permitiría al Presidente argentino tomar el rédito necesario para mostrar una victoria política, lo que ya está pactado. Esto será también reconocido por los acreedores, quienes quieren firmar un acuerdo sin importar quién ante la sociedad (no los mercados) quede como el triunfador.
Los bonistas captaron tarde, pero seguro, una de las claves para que el acuerdo se cierre. Se trata de una cuestión política que para los hombres de negocios, donde lo importante es el dinero que se cuente al final de una negociación, no debería tener importancia: quién se muestre ganador. Y en este capítulo de la deuda externa, con un Gobierno peronista-kirchnerista en la Casa Rosada/Olivos, debe quedar claro que la victoria (aunque sea por puntos) es de Alberto Fernández. Y, si hay acuerdo final, así será.
La última oferta confidencial que Martín Guzmán y sus técnicos presentaron ante los interlocutores vía teleconferencia la semana pasada mejoraba la oferta del 45% al 47% de VPN. Esos dos puntos porcentuales surgen de la promesa de emisión de un nuevo bono de la categoría de los “compensatorios”, por las pérdidas de los tiempos muertos que tendrán los bonistas sin cobrar (hasta que comience formalmente el cronograma de liquidaciones que se adelantaría al 2022). Sería un título corto (entre 10 y 15 años) a una tasa de interés de algo más de 4%; una oferta que, en realidad, ya habían propuesto los bonistas con papeles de vencimiento anterior al 2040 al comienzo de las negociaciones. Con esta nueva oferta argentina, y teniendo en cuenta que el acuerdo final debería cerrarse en un máximo de 49,9%, la creatividad ahora de los negociadores debe centrase en cómo mejorar tres puntos porcentuales el VPN. El diseño del “endulzante” vía cupón PBI (tal como adelantó este diario) y las alternativas de mejoras en las proyecciones temporales de las tasas promedio y los plazos de los cupones de más largo plazo posibilitarían la mejora necesaria para que siempre haya un 4 delante, pero lo más cerca posible del 50% del VPN.
Según como se lea, el FMI avaló esta mejora de algunos puntos porcentuales necesarios para cerrar el acuerdo, en el documento del lunes. Si bien en su redacción se defienden la posición argentina y las líneas generales de la oferta diseñada por Guzmán, en un párrafo puntual se habilita al país para aumentar el dinero destinado a los acreedores. Según el organismo, “el análisis también sugiere que existe sólo un margen limitado para incrementar los pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la deuda”, con lo que se podrían mejorar unos puntos porcentuales más el 47% actual (siempre sin tener en cuenta el pago de un eventual cupón PBI dentro de la oferta). Más adelante, el Fondo da mayores precisiones sobre cómo tomar el cálculo límite de la mejora, en este caso en un mensaje a los acreedores. Según el organismo, “la propuesta revisada de reestructuración de deuda de las autoridades del 26 de mayo daría como resultado necesidades brutas de financiamiento y servicio de deuda denominado en moneda extranjera que exceden los umbrales de mediano plazo del 5% del PBI y del 3% del PBI, respectivamente, que el personal considera necesario para restablecer la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad. Al mismo tiempo, se cumplirían otras condiciones importantes identificadas en la Nota Técnica de marzo: el cociente deuda/PBI se mantendría estable más allá de 2030”. Aquí, Kristalina Georgieva y sus técnicos y técnicas les están diciendo a los acreedores que la mejora nunca podrá superar el 50% si es que quieren el imprescindible aval final del FMI. Y, hacia el Gobierno argentino, se le “autoriza” a plantarse en el 49,9% final.
Mientras tanto, Alberto Fernández volvió a ratificar públicamente (el fin de semana lo hizo hacia dentro de su Gabinete) a Martín Guzmán como su único y plenipotenciario negociador ante los tenedores de deuda con legislación internacional. El encargado de reiterar el aval total al ministro de Economía como el interlocutor monopólico con los acreedores fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien en declaraciones radiales habló de “una gran tarea de parte del ministro Guzmán para seguir negociando”, confirmando además que cuenta con todo el respaldo del jefe de Estado.
El apoyo fue necesario, ya que su ministro recibió ya muchos cuestionamientos internos sobre el mecanismo de actuación en las discusiones con los tres grupos representantes de los bonistas. En todos los casos, la respuesta fue la misma: confía 100% en Guzmán, cree que deberá ser juzgado por lo que suceda al final de la historia y considera que el resto del gabinete no conoce a su ministro. Y a cada uno de sus interlocutores que cuestionan al funcionario le da una afirmación final: el que está monitoreando la estrategia es el mismo, y el que dice cuándo avanzar y cuándo esperar es el mismísimo jefe de Estado. Y que, en consecuencia, cuando hay dudas, estas son a toda una estrategia de su Gobierno y no sólo a su ministro. Esta posición fue dicha con tanta insistencia en tantas oportunidades que todos ya admitieron la realidad y dejaron de aceptar trasladar inquietudes (quejas contra Guzmán) de los bonistas al Presidente. En esta actitud estaban ministros (al menos tres), aliados políticos (también kirchneristas), legisladores (incluyendo gente con autoridades máximas), economistas cercanos y lejanos y hasta algún que otro opositor con supuestas buenas intenciones. Todos se llamaron a silencio desde el jueves de la semana pasada, y hasta cerraron sus vías de comunicación con los bonistas. Al domingo a la noche, estas redes de mensajes estaban clausuradas y la única comunicación válida era con Guzmán. Previo al corte de estas líneas directas, se les reconocieron a los acreedores dos realidades: a) se perdió mucho tiempo; b) el país no puede caer en default.
