Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba aseguran que el Estado no se desfinancia al momento de aplicar una baja o eliminación de las retenciones sino que se «aminora la detracción de recursos» que sufre el sector
En las últimas semanas, diferentes sectores de la sociedad cuestionaron la decisión oficial de rebajar progresivamente los derechos de exportación que aún persisten sobre la soja (alícuota del 30%) y sus subproductos (27%), a razón de 0,5% mensual durante el año 2018 y 2019, que entró en vigencia el primero de enero de 2018. El argumento esgrimido es que el gobierno «beneficia al sector agroindustrial, mientras que en otros sectores económicos y sociales las reformas emprendidas generarían una pérdida de recursos».
Ante este panorama, la Bolsa de Cereales de Córdoba elaboró un informe donde plantea que es necesario recordar que los cambios en la política agropecuaria emprendidos a fines de 2015 «no tuvieron por objetivo fijar un esquema de ventajas hacia la agroindustria en contraposición con otras actividades económicas, sino por el contrario, aminorar la detracción de recursos que ha sufrido la actividad de manera extraordinaria a partir del año 2002″.
Datos de la mencionada entidad, muestran que en el período 2002-2017 el complejo agroalimenticio ha aportado en concepto de retenciones USD 86.450 millones, mientras que el resto los sectores económicos aportaron USD 33.070 millones. Si se considera solamente al complejo sojero, el aporte fiscal desde 2002 fue de USD 64.000 millones, equivalentes al 54% del total recaudado por derechos de exportación. A modo de comparación puede mencionarse que las reservas del Banco Central de la República Argentina totalizaron el año 2017 en USD 55.055 millones.
Una presión impositiva que en 2015 alcanzó un pico del 32% del PBI. «Esta situación sumada a otros desequilibrios macroeconómicos condujo a un ahogo de la actividad empresarial, con su correlato en reducción de inversiones, nula creación de empleados privados, cierre de empresas y a un estancamiento de la economía en el período 2012-2015, que era necesario corregir para evitar una crisis económica de gran magnitud. Si bien algunas medidas adoptadas suponen una resignación de recursos por vía directa, pueden ser compensados por un aumento en la recaudación de otros tributos».
Reasignación de recursos
La reducción en los derechos de exportación para el complejo sojero (excluyendo biodiesel) representa una resignación de recursos por parte del Estado Nacional de $ 9.400 millones para el año 2018, equivalente a USD 450 millones. Para el año 2019, el monto aumentaría por las alícuotas más bajas y ascendería a USD 1.400 millones para 2019. De estos montos, el poroto de soja participa con el 17%, la harina de soja con el 59% y el aceite con el 24%.
Sin embargo, a partir de enero del corriente, el Poder Ejecutivo determinó que el biodiesel tendrá una alícuota del 8% para las ventas al exterior. De esta manera, se recaudarán USD 112 millones por año, reduciendo la resignación de recursos fiscales por los cambios en las alícuotas de los otros productos del complejo. Por lo tanto, el impacto directo en las arcas del Estado sería de USD 339 millones (us$ 7.064 millones) para 2018 y USD 1291 millones (us$ 30.724 millones) para 2019.
Con el nuevo esquema de alícuotas, el complejo sojero continuaría aportando una gran cantidad de recursos por un total de USD 7.100 millones en los próximos dos años (USD 4.000 millones para 2018 y USD 3.100 para 2019). En pesos, los ingresos de 2018 y 2019 serían de us$ 81.700 millones y us$ 72.800 millones respectivamente.
Además, el informe refleja el aporte realizado en concepto de derechos a exportación de sectores no vinculados a la cadena agroindustrial, que pasó de USD 1.000 millones en 2015 a USD 127 millones en 2017, sin observarse el mismo tenor de los reclamos que sufrió el sector en las últimas semanas.
